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El agente del Ministerio Público no se animó a imputar a los responsables de la deforestación pese a la constatación de los graves daños a la naturaleza.
En su reemplazo fue asignado desde el pasado 15 de setiembre el fiscal Christian Royg.
En el juzgado de Garantía de Curuguaty se confirmó que no se ha presentado ninguna imputación por delito ambiental en lo que va del presente año.
Con esto queda evidenciado el desinterés de parar la galopante destrucción de los últimos remanentes boscosos de la región.