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PILAR (Clide Noemí Martínez, corresponsal).El operativo de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, encabezada por la fiscala Claudia Alonso, se cumplió con mucho sigilo para evitar alertar a los “amigos” de los ordeñadores. Inicialmente actuaron exclusivamente los funcionarios de la fiscalía y solo cuando la ejecución del plan estaba consumada se dio participación a la Policía Nacional y a la Prefectura Naval.
Durante el operativo fueron decomisados 17 tanques de 1.000 litros, 63 tambores de 200 litros y 11 bidones de 60 litros, todos con gasoíl. Igualmente, motobombas, mangueras, embudos y otros elementos utilizados habitualmente para el desalijo y fraccionamiento del combustible.
Se determinó que tres estaciones de servicio actuaran de depositario fiscal, almacenando el combustible decomisado.
Llamó la atención la osadía de los malvivientes, que perpetran sus acciones en la costa del río Paraguay, dentro del distrito de Pilar y a escasa distancia de unidades de la Policía Nacional y la Prefectura Naval.
En este caso, el desembarco se produjo en el lugar denominado Bertoli Cue, a pocos metros de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Días atrás, mediante otro operativo fiscal se logró incautar 12.000 litros de gasoíl de origen dudoso en la boca del arroyo Montuoso. En otra intervención se pudo desmantelar un “puerto gasolero”, en un lugar cercano a la toma de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
Según registros del Ministerio Público, entre noviembre y diciembre del año 2012 y lo transcurrido de 2013 han dado golpes certeros a los delincuentes, con la incautación de aproximadamente 200.000 litros de gasoíl. A pesar de estos reveses, los ordeñadores continúan con su trabajo y aparentemente han decidido reducir sus costos de traslado, desembarcando el carburante a escasa distancia del centro de la capital departamental, principal mercado de los comerciantes ilegales.
Con estas acciones de la Unidad Ambiental del Ministerio Público se busca combatir ilícitos como la contaminación y alteración de las aguas, el procesamiento ilícito de desechos, la producción de riesgos comunes y la reducción.