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MAYOR OTAÑO, Itapúa (De nuestra redacción regional). La dotación policial de 150 efectivos en 20 patrulleras del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de comisarías de Itapúa, al mando de los comisarios Gerardo Sosa, comandante departamental y el jefe de Orden y Seguridad de la Jefatura Policial, Juan Fernández, ingresaron e inmediatamente comenzaron a embargar las cuatro mil toneladas de soja.
Ambos jefes policiales aclararon que lo hacían “por sugerencia de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia”. La tarea, que ocupa 130 camiones, con una carga de 30 toneladas cada uno, se prolongaría hasta el próximo sábado, con acompañamiento de los efectivos policiales dentro de la estancia, según explicaron.
El acompañamiento policial para cumplir la orden judicial ocurrió después de que el abogado que representa a los Eisen, Carlos Daniel Alarcón, realizó la presentación de una denuncia por desacato ante la Fiscalía General del Estado contra el comandante de la Policía Nacional, Pastor Alvarenga Núñez; el comisario Gerardo Sosa y al comisario Eladio Sanabria, este último director de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional.
El abogado les responsabilizó a los tres uniformados de los delitos de mal desempeño de funciones; parcialidad manifiesta; desviamiento en el cumplimiento de sus deberes; ignorancia de las leyes; desacato y prevaricato.
El 6 de febrero, la Policía Nacional recibió la orden de brindar acompañamiento al oficial de justicia responsable de embargar la soja en la propiedad de la familia Eisen, usurpada por Agro Nikas SA. El primer mandato judicial fue emitido por el juez Rafael Jacobo, del juzgado de Santa Rita.
Cuando la Fuerza Pública –de acuerdo con lo dicho por el jefe de Orden y Seguridad, Juan Fernández– el 13 de febrero pasado “llegó para dar cumplimiento a la orden judicial del juez Jacobo, nos encontramos con otra orden judicial, esta vez del magistrado de Presidente Franco Sergio Rodríguez”. Con el argumento de que “hubo dos órdenes judiciales sobre una misma cantidad de soja y por prudencia administrativa”, la orden no fue cumplida por la institución policial. No obstante, el 19 de febrero, la Corte Suprema le comunicó a la Policía Nacional que el artículo 714 del Código Civil dispone que la primera orden de embargo es de cumplimiento obligatorio.
Juan Afara y Schupp
El vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, y el intendente de San Carlos del Apa, Luis Aníbal Schupp (ANR), son denunciados de sostener la usurpación de la finca que pertenece a la familia Eisen. Ambos negaron en más de una ocasión las acusaciones, aunque los hechos los comprometen. Los dueños fueron desalojados el 29 de julio pasado del inmueble y luchan por recuperar sus tierras.