Cuentan con documentos que prueban el financiamiento de Nivaldo Ourikes

Rossana Báez Mendoza, abogada de Vilmar y Joel Eisen, sostiene que existen documentos que prueban la responsabilidad de Nivaldo Ourikes Kestring en el supuesto delito de asociación criminal y apropiación de inmueble. Mencionó que en el juzgado de Minga Porã se presentaron facturas a nombre de Ourikes Kestring para justificar deudas de quienes reclaman la tierra de los Eisen.

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Rossana Báez Mendoza ejerce la representación legal de Vilmar y Joel Eisen.

La familia Eisen es propietaria de un inmueble de 1.742 hectáreas, ubicada en el distrito de Mayor Otaño, Itapúa.

La finca fue usurpada entre el 29 de julio de 2014 y el 4 de abril de 2016.

Por espacio de prácticamente dos años, Luis Aníbal Schupp y María Magdalena Díaz Vda. de Dirks tuvieron la posesión del inmueble.

En ese tiempo, la tierra fue utilizada para sembrar granos sin pagar arrendamiento alguno por el uso de una finca ajena.

Desde el inicio del proceso se tuvieron sospechas de que el brasileño Nivaldo Ourikes Kestring era el financista de la ocupación del inmueble.

En este momento, Ourikes Kestring se encuentra imputado por una serie de delitos, entre ellos asociación criminal.

Al respecto, la abogada Rossana Báez Mendoza dijo: “Ahora podremos ampliar nuestra denuncia e incluir la figura de apropiación de inmueble ajeno gracias a documentos que fueron entregados en el juzgado en lo civil de Minga Porã”.

Intervención de Emilio Gómez Barrios

El 4 de abril pasado, la familia Eisen logró recuperar su propiedad. Luis Aníbal Schupp y María Magdalena Díaz Vda. de Dirks fueron desalojados del inmueble y los legítimos propietarios lograron recuperar la posesión.

El cultivo de grano se realizó a pesar de una prohibición judicial. La soja y el maíz cosechados eran ilegales, producto de la violación a un mandato judicial.

El 8 de julio último, apareció en escena el juez Emilio Gómez Barrios, quien autorizó a Geovani Luiz Tonel a ingresar en la propiedad de los Eisen para cosechar el maíz que se cultivo en forma ilícita.

El juez Emilio Gómez Barrios firmó dos documentos: el oficio 767 con fecha 8 de julio y un mandamiento que ingresó el 9 de julio en la jefatura policial de Itapúa.

Ambos son contradictorios. En el oficio 767 habla de permiso para cosecha y en el mandamiento para la Policía Nacional dice que, en caso de no permitir los Eisen el ingreso voluntario, “se procederá a la restitución del inmueble” a Geovani Luiz Tonel. Es decir, se volvería a desalojar a los Eisen.

Documentos que incriminan

La abogada Rossana Báez Mendoza menciona que “para sostener el pedido de ingresar de nuevo en la propiedad de los Eisen incluyeron facturas que demuestras supuestas deudas de Geovani Luiz Tonel”.

Agrega que “son pruebas que nunca pensamos que ellos mismos iban a facilitarnos: todas las facturas fueron emitidas por las empresas de Nivaldo Ourikes Kestring. Ahora no queda ninguna duda de su responsabilidad en la persecución que sufre la familia Eisen”.

Finalmente, dijo que “vamos a ampliar nuestra querella contra Ourikes Kestring. Lo que está sucediendo con la familia Eisen refleja la fragilidad y la corrupción de nuestro sistema jurídico”.

roque@abc.com.py

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