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La Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial realizó una investigación de los documentos relacionados al asalto que sufrió la familia Eisen.
Las conclusiones de la Auditoría de Reacción Inmediata fueron entregadas en la tarde de ayer a la Corte Suprema de Justicia para su estudio.
En la tarde del 2 de diciembre, la finca de los Eisen fue tomada por civiles armados bajo la dirección de la oficial de justicia Mónica Martínez Ávalos y el abogado Guido David Rivas.
El juez Emilio Gómez Barrios, de Minga Porã, entregó un mandato judicial sin especificar en forma exacta el inmueble que debía ser allanado.
A esto se suma que la orden de Emilio Gómez Barrios, de Alto Paraná, fue extendida sobre un inmueble con medidas cautelares establecidas por un juzgado de Encarnación, Itapúa.
En opinión de los auditores de la Corte Suprema, los antecedentes del juez Emilio Gómez Barrios deben ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El abogado Guido David Rivas, según los auditores, debe ser sometido a sumario para recibir una sanción por no observar las reglas del debido proceso al imponer la orden judicial ilegal que había firmado Emilio Gómez Barrios.
Al mencionar a la oficial de justicia abogada Mónica Martínez Ávalos recomiendan instrucción de sumario y suspensión provisoria mientras dura la investigación.
La oficial de justicia introdujo civiles armados en la propiedad de los Eisen donde se registro una toma de rehenes, disparos de armas de fuego y apremios ilegales.
En la tarde del 2 de diciembre, hombres armados ingresaron en la finca de los Eisen bajo la dirección de Geovani Luiz Tonel y Nivaldo Ourikes Kestring.
La familia Eisen es propietaria de 1.742 hectáreas donde cultivaron granos. Se pretende despojarles de la soja que se encuentra en plena etapa de maduración.
El día del asalto se robaron documentos, entre ellos el título de propiedad de la finca. Esta documentación esta en manos de los asaltantes y sus cómplices.
roque@abc.com.py