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Pero, según la denuncia, los directivos pretendieron hacerles firmar a los familiares del difunto un pagaré, con la intención de quedarse con más dinero.
En la causa están investigados Alberto Martínez (presidente de la cooperativa), Remigio Alonso (tesorero), Zully Miño (secretaria del Consejo de administración) y la gerente de la entidad, Claudia Barreto.
Barreto afirmó que su pecado es exigir a familiares el pago del remanente de 69.445.203 de la deuda de Morínigo.
La mujer visitó la redacción de nuestra corresponsalía junto a otros socios y funcionarios de la entidad. Explicó que se trata de una diferencia que no cubrió la aseguradora, de un préstamo que tomó Morínigo por un monto de G. 227 millones.
La gerente Barreto explicó que el fiscal Gerardo Mosqueira llevó a cabo varias diligencias investigativas y que no encuentra razones valederas que los incrimine. Añadió que dicho integrante del Ministerio Público, en forma repentina y en plena feria judicial, el 10 de enero último dispuso imputar a la gerente y a tres directivos el consejo administración.
En la mañana del lunes 16 de julio último, familiares del socio fallecido se manifestaron frente a la sede del Juzgado de San Lorenzo, en apoyo del juez Gustavo Bóveda, para que eleve la causa a juicio oral y público. Afirmaron que los procesados tienen amigos con influencias en el Poder Judicial.
Señalaron que en la cooperativa nunca les comentaron que el capital estaba asegurado, y pretendían cobrarle todo el monto. Resaltaron que se enteraron de casualidad y luego chequearon con la aseguradora Asepasa.
Intentamos en reiteradas veces hablar con el fiscal Gerardo Mosqueira, pero no atendió nuestras llamadas a su celular. Los familiares de Morínigo se habían manifestado frente al local del Ministerio Público en apoyo al fiscal.