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Es simple, la ordenanza municipal N° 26/2012 establece que se debe llamar a licitación pública nacional para la adjudicación de la explotación de estas máquinas. Pero el intendente Gustavo Navarro (ANR) –tal como hizo su antecesor Darío Ortellado (ANR)– decidió ir por la vía de la excepción para darle el negocio a un aliado político.
La otra cara de la moneda está en la terminal de la ciudad y en los mercados municipales, donde los niños en situación de calle se envician y derrochan lo poco que consiguen vendiendo golosinas o lustrando calzados. A pesar de las prohibiciones que buscan proteger a los menores de edad, la Comuna no cuenta con una política efectiva contra los encargados de esos puestos, quienes reciben el 50% de las ganancias que dejan las tragamonedas.
Todo apunta a que el otro 50% estará nuevamente en manos del líder cartista del departamento, el gobernador Friedmann Alfaro, señalado como el verdadero dueño de la empresa, que ya tuvo la concesión entre los años 2012 y 2014. Ahora aparece como supuesto testaferro Cristian Daniel Fariña Arévalos.
Fuentes confirmaron que el jefe departamental reunió a los concejales colorados y les exigió que el contrato sea direccionado a favor de su prestanombre.
Las presiones dieron sus frutos: los concejales de la ANR se alinearon fielmente para aprobar la adjudicación, a pesar de ser irregular. Ellos son Juan José Unger, Neris Díaz, Marta Caballero, Alejandro Aguilera, Esteban Torres, Juan Carlos Vera y Rubén Martínez. La excusa fue la recomendación de la Asesoría Jurídica de la Junta, pero a todas luces el asesor –el exconcejal y actual operador político de la ANR, Roque Paiva– dictaminó convenientemente a su sector partidario.
Igualmente, tuvieron el apoyo indirecto de los concejales liberales Blas Garcete y Mario Villaverde, quienes se ausentaron de la sesión extraordinaria realizada el miércoles último, convocada a solo efecto de tratar este tema. En la oportunidad, solo tres se opusieron: Saúl Maidana, María Constancia Benítez y Saúl Marecos, del PLRA.
Estos últimos ediles recomendaron al intendente Navarro que se asesorara sobre la ilegalidad del contrato, para que tome una decisión acorde a derecho. Los concejales colorados negaron ser presionados por Rodolfo Friedmann.
Desde que la ordenanza está vigente nunca se llamó a licitación. El anterior intendente, Darío Ortellado (ANR), adjudicó la explotación por la vía de la excepción primeramente a José Pereira, quien –al igual que Fariña ahora– en su momento habría sido testaferro de Rodolfo Friedmann Alfaro.