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La citada ciudadana explicó que entraron a su propiedad sin que se tenga una orden judicial y sin que esté finiquitado el proceso de expropiación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la que sería la franja de dominio para la ampliación de la Ruta III Gral. Elizardo Aquino y su continuación hasta la zona de Piquete Cue. Los funcionarios irrumpieron al sitio mediante una providencia sin sustento legal, emitida por la jueza de primera instancia Rocío González Morel, explicó.
“A las 09:00 de la mañana vinieron con tractores y camiones los personales de la empresa D-R e ingresaron a mi predio, destrozando la alambrada, los postes y comenzaron a raspar el suelo, dejaron un montículo de tierra en el lugar, me quieren sacar de 18.119 metros, casi dos hectáreas, unos 510 metros de frente sobre la calle Gondra por una miseria a un costo de 175.000 el metro, y a otros vecinos que se encuentran más al fondo les ofrecen sumas elevadas entre G. 272.000, y G. 500.000, y yo que estoy en la entrada me ofrecen una bicoca y todo esto sin una orden”, denunció Marta Brun Zuccolillo.
La ciudadana manifestó que comenzará todos los trámites judiciales necesarios ante el atropello que dice realizó la referida empresa constructora, bajo la providencia de la jueza González Morel.
Según el encargado de obras del consorcio D-R (integrado por CDD Construcciones y Benito Roggio e Hijos SA), Ing. Fernando Antona, cuentan con la orden judicial para el ingreso y que eso se encuentra en el MOPC, y que solamente la cumplieron, pero que después les avisaron que no podían entrar y se retiraron, señaló.