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LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). El primer en salir de la sala de sesiones fue Rubén González Chaves, presidente de la Junta Municipal, hijo del polémico senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Oscar González Daher. Le siguieron sus correligionarios Teodoro Valdez, Diego Romero, Christian Valdez, Juan Ángel Marecos (ANR disidente) y los liberales Silverio Mosqueira y Christian Bernal.
Sólo se quedaron los liberales Rodrigo Blanco, Francisca Franco, Manuel Achucarro y Belén Maldonado, además del colorado Eliseo Fernández. Este último también apoyó la tercerización, por lo que llamó la atención que no haya seguido a sus correligionarios.
Los representantes de “Luque, te queremos limpia”, encabezados por Romi Cabral, Nelson Peña y Ana María Reichsseld, observaron indignados la actitud de los ediles. Los ciudadanos, a quienes ni siquiera se les dejó ingresar a la sala de sesiones, tenían la intención de solicitar a la plenaria que resuelva la suspensión del contrato firmado por el intendente Carlos Echeverría (colorado cartista) y el dueño del Consorcio Tributario, Diego Cardona, para el cobro tercerizado de impuestos comunales en este distrito.
Proponen que la medida dure mientras se aclaren las denuncias que soporta Cardona en la Argentina, junto a políticos del vecino país.
El viernes 27 de octubre la revista Análisis de Argentina publicó una investigación sobre una relación ilícita entre el empresario y un ministro del gobierno de la provincia de Entre Ríos, Mauro Urribarri. El funcionario se vio obligado a renunciar por el escándalo.
Ganó millonarias licitaciones en distintas provincias de Argentina, donde ofreció el mismo servicio que en Luque, el de “modernizar el sistema catastral para mejorar la recaudación”. Pero, los contratos resultaron en grandes negociados, según Análisis.
El empresario también fue denunciado por presuntos millonarios negociados en Quilmes, Chaco y Córdoba.
De acuerdo a fuentes, el mismo senador Óscar González Daher está detrás de la tercerización del cobro de impuestos, que se sospecha será un gran negociado. El contrato fue rubricado el 4 de julio, pero recién hace dos semanas, tras el escándalo en Argentina, la firma comenzó a instalarse en Luque.