Concejales defienden contrato con empresario investigado

Concejales colorados rechazaron un pedido de suspensión del contrato firmado en julio de este año entre la Municipalidad de Luque y el Consorcio Tributario. El hijo del senador Óscar González Daher desempató para frenar el objetivo.

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LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). En una caldeada sesión de la Junta Municipal realizada el martes, los concejales liberales Francisca Franco y Rodrigo Blanco solicitaron la suspensión del convenio firmado entre el intendente de esta ciudad, Carlos Echeverría (colorado cartista), y el Consorcio Tributario, propiedad de Diego Cardona Herreros, para cobro de impuestos durante quince años. El empresario es investigado por presunta corrupción en Argentina, hecho que motivó el pedido de los ediles azules.

Explicaron que la medida debería estar en vigencia hasta tanto se aclaren los procesos judiciales iniciados en contra del empresario en el vecino país.

Los seis concejales liberales, Belén Maldonado, Manuel Achucarro, Cristhian Bernal y Silverio Mosqueira (además de Franco y Blanco), apoyaron el pedido de suspender la vigencia del contrato, mientras los seis colorados votaron en contra. Desempató con voto “doble” el presidente de la Junta Municipal, Rubén González Chaves (colorado cartista), hijo del polémico senador Óscar González Daher, quien busca el rekutu. 

Desde la presentación del proyecto por el intendente Echeverría, en octubre del año pasado, fuentes indicaron que el legislador está detrás del presunto negociado que pretenden con el cobro de impuestos en Luque.

El empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, propietario de Relevamientos Catastrales SA y Relcat Paraguay SA, fue contratado para cobrar impuestos municipales en este distrito hasta 2032 a cambio del 27% de lo recaudado por año. La adjudicación se realizó en un proceso plagado de irregularidades, que fueron denunciadas por otras empresas.

El viernes 27 de octubre la revista Análisis de Argentina publicó una investigación sobre una relación ilícita entre el empresario y un ministro del gobierno de la provincia de Entre Ríos, Mauro Urribarri. El funcionario se vio obligado a renunciar por el escándalo.

El empresario es conocido como el “proveedor del Estado” debido a su vínculo con el diputado Sergio Urribarri, padre de Mauro, quien supuestamente lo ayudó a ganar millonarias licitaciones en distintas provincias de Argentina, donde ofreció el mismo servicio que en Luque, el de “modernizar el sistema catastral para mejorar la recaudación”, pero los contratos resultaron en grandes negociados en el vecino país, según Análisis.

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