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LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). El empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, propietario de Relevamientos Catastrales SA y Relcat Paraguay SA, fue contratado para cobrar impuestos municipales en este distrito hasta 2032 a cambio del 27% de lo recaudado por año. La adjudicación se realizó en un proceso plagado de irregularidades, que fueron denunciadas por otras empresas.
El viernes 27 de octubre, la revista Análisis de Argentina publicó una investigación sobre una relación ilícita entre el empresario y el ministro del gobierno de la provincia de Entre Ríos, Mauro Urribarri. El funcionario se vio obligado a renunciar, presionado por el escándalo.
El empresario es conocido como el “proveedor del Estado”, debido a su vínculo con el diputado Sergio Urribarri, padre de Mauro, quien supuestamente lo ayudó a ganar millonarias licitaciones en distintas provincias de Argentina, donde ofreció el mismo servicio que en Luque, el de “modernizar el sistema catastral para mejorar la recaudación”. Sin embargo, los contratos resultaron en grandes negociados en el vecino país, según Análisis.
El presidente de la Junta Municipal, Rubén González Chaves (colorado cartista), hijo del polémico senador Óscar González Daher, durante una comunicación telefónica con esta corresponsalía, dijo ayer no estar enterado de las publicaciones sobre Cardona Herreros. Explicó que se encontraba de viaje y gestionando “sus cosas particulares y que no tuvo tiempo de interiorizarse”.
Por otro lado, el concejal Diego Romero (colorado cartista), férreo defensor de la tercerización del cobro de impuestos en Luque, indicó que no leyó “nada” desde el viernes pasado, día en que la prensa argentina y nuestro diario se hicieron eco de la renuncia de Mauro Urribarri y su vinculación con Cardona.
Pedirá anular contrato
La concejala Francisca Franco (PLRA) desde la presentación del proyecto de “Concesión del servicio de modernización de la gestión tributaria y catastral de la Municipalidad de Luque” por el intendente Carlos Echeverría (ANR), advirtió que es inconstitucional, ya que viola los artículos 169 y 170 de la Carta Magna.
Ayer anunció que en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, esta mañana, solicitará la anulación del contrato firmado entre Cardona Herreros y el jefe comunal.