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La normativa no tiene nada que ver con las normas de control de tránsito por el sistema electrónico, solo habla de la creación de Dinatran.La Comisión de Tránsito de la Junta Municipal de Ñemby, integrada por Albino Morínigo (ANR), Alberto Agüero (PS) y Lorenzo Melgarejo (ANR), recomendó a la plenaria de la Junta la concesión del servicio de control de tránsito por el sistema electrónico a la firma Sertran Paraguay.
Uno de los párrafos del dictamen menciona la Ley N° 1590/00, para argumentar la posición favorable. Transcribe el Art. 1°, que habla del Sistema Nacional de Transporte. Esta normativa no tiene nada que ver con el control en las rutas, porque solo habla de la creación de la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran).
A través del mismo dictamen, piden también que se autorice al Ejecutivo Municipal la suscripción del contrato para la prestación de servicio con la empresa Sertran Paraguay, por el término de 4 años. Este documento tiene fecha del 21 de setiembre de 2009.
Mientras que la firma del contrato, entre el intendente Héctor Lucio Lesme (PLRA), el secretario general Sergio Alvarenga, con Andrés Oscar Samaniego y Jorge Wladimir Muñoz Sanier, data del 29 de octubre de 2008 y es por cinco años.
Pese a estas irregularidades, el plenario de la Junta, con los votos de los concejales colorados Lorenzo Melgarejo, Máximo Romero, Fernando Acosta y Oscar Martínez, con el acompañamiento de los liberales Néstor Benítez y Faustino Francou, aprobó el dictamen de Alberto Agüero (PS) y Albino Morínigo (ANR).
Veto
Por otra parte, los ediles trataron de enmendar su error y pidieron bajar el pago por las infracciones de tránsito, especialmente cruce de luz roja, de más de G. 1.000.000 a G. 260.000.
La resolución fue presentada hace dos semanas al intendente, Héctor Lucio Lesme (PLRA), pero este resolvió vetar la disposición de los ediles.
Ayer, llamativamente, el presidente de la Junta Municipal, Freddy Molinas (PLRA), no puso a consideración de la plenaria, durante la sesión, el veto del intendente Lesme.
Molinas habría considerado que no es momento de poner a consideración el veto del Ejecutivo, porque tendría los ocho votos en contra, número que se necesita para la ratificación del mencionado documento.
El concejal Silvio Núñez (PLRA) sostuvo que de alguna manera se tiene que corregir. "Esto es una aberración", expresó, refiriéndose al contrato firmado con Sertran, que el mismo también firmó.
También reconoció que toda la comunidad está en contra de este servicio. "Pero lastimosamente en la Junta no sentimos esa fuerza de la ciudadanía para acabar de una vez por todas con este tema", enfatizó Núñez, ex presidente de la Junta Municipal.
Por otra parte, algunos concejales acusaron ayer a su colega Herna Villamayor (PLRA), quien también firmó la autorización de concesión de servicio a Sertran, de pasar supuestamente informaciones al diario ABC Color. Los concejales ignoran que la actuación del organismo es y debe ser pública, así como los documentos generados en el mismo. Los concejales supuestamente representan al pueblo. Incluso, habrían amenazado con sacar a la concejala de su cargo.
Devolución
Todos los concejales que aprobaron la firma con Sertran, que se lleva el 80% de las recaudaciones obtenidas de las supuestas infracciones en el tránsito y solo deja el 20% a la Municipalidad de Ñemby, se exponen a demanda millonaria. Actualmente, tanto la Municipalidad como Sertran están operando con una medida cautelar, ya que pidieron la inconstitucionalidad del Art. 12 de la ley "Orgánica Municipal", que prohíbe realizar los controles en las rutas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Si la justicia confirma la transgresión a las leyes durante el operativo que realizan en las rutas, se tendrá que rescindir el contrato de concesión de los servicios de control con Sertran.
En ese caso, la empresa Sertran tendrá derecho a demandar a la Municipalidad y los ediles, aparte de responder con sus bienes por los perjuicios ocasionados a la Comuna, deberán responsabilizarse de la devolución de millonarias sumas al Estado paraguayo, que fueron cobradas en concepto de multas a los supuestos infractores.
En ese sentido, el Decreto Ley 22094, promulgado el 17 de setiembre de 1947, de la creación de la Policía Caminera, habla en su Art. 199° de las sanciones por infracciones de tránsito. Indica que "serán sancionadas con multas equivalentes al importe del salario mínimo legal en la Capital de la República las personas que trabajan en actividades no especificadas". Luego en el Capítulo XXI, de la ejecución de este reglamento, en el Art. 211° establece que "el importe de las multas ingresará a Rentas Generales de la Nación". La Comuna de Ñemby lleva recaudados más de G. 1.000 millones en multas.
Uno de los párrafos del dictamen menciona la Ley N° 1590/00, para argumentar la posición favorable. Transcribe el Art. 1°, que habla del Sistema Nacional de Transporte. Esta normativa no tiene nada que ver con el control en las rutas, porque solo habla de la creación de la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran).
A través del mismo dictamen, piden también que se autorice al Ejecutivo Municipal la suscripción del contrato para la prestación de servicio con la empresa Sertran Paraguay, por el término de 4 años. Este documento tiene fecha del 21 de setiembre de 2009.
Mientras que la firma del contrato, entre el intendente Héctor Lucio Lesme (PLRA), el secretario general Sergio Alvarenga, con Andrés Oscar Samaniego y Jorge Wladimir Muñoz Sanier, data del 29 de octubre de 2008 y es por cinco años.
Pese a estas irregularidades, el plenario de la Junta, con los votos de los concejales colorados Lorenzo Melgarejo, Máximo Romero, Fernando Acosta y Oscar Martínez, con el acompañamiento de los liberales Néstor Benítez y Faustino Francou, aprobó el dictamen de Alberto Agüero (PS) y Albino Morínigo (ANR).
Veto
Por otra parte, los ediles trataron de enmendar su error y pidieron bajar el pago por las infracciones de tránsito, especialmente cruce de luz roja, de más de G. 1.000.000 a G. 260.000.
La resolución fue presentada hace dos semanas al intendente, Héctor Lucio Lesme (PLRA), pero este resolvió vetar la disposición de los ediles.
Ayer, llamativamente, el presidente de la Junta Municipal, Freddy Molinas (PLRA), no puso a consideración de la plenaria, durante la sesión, el veto del intendente Lesme.
Molinas habría considerado que no es momento de poner a consideración el veto del Ejecutivo, porque tendría los ocho votos en contra, número que se necesita para la ratificación del mencionado documento.
El concejal Silvio Núñez (PLRA) sostuvo que de alguna manera se tiene que corregir. "Esto es una aberración", expresó, refiriéndose al contrato firmado con Sertran, que el mismo también firmó.
También reconoció que toda la comunidad está en contra de este servicio. "Pero lastimosamente en la Junta no sentimos esa fuerza de la ciudadanía para acabar de una vez por todas con este tema", enfatizó Núñez, ex presidente de la Junta Municipal.
Por otra parte, algunos concejales acusaron ayer a su colega Herna Villamayor (PLRA), quien también firmó la autorización de concesión de servicio a Sertran, de pasar supuestamente informaciones al diario ABC Color. Los concejales ignoran que la actuación del organismo es y debe ser pública, así como los documentos generados en el mismo. Los concejales supuestamente representan al pueblo. Incluso, habrían amenazado con sacar a la concejala de su cargo.
Devolución
Todos los concejales que aprobaron la firma con Sertran, que se lleva el 80% de las recaudaciones obtenidas de las supuestas infracciones en el tránsito y solo deja el 20% a la Municipalidad de Ñemby, se exponen a demanda millonaria. Actualmente, tanto la Municipalidad como Sertran están operando con una medida cautelar, ya que pidieron la inconstitucionalidad del Art. 12 de la ley "Orgánica Municipal", que prohíbe realizar los controles en las rutas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Si la justicia confirma la transgresión a las leyes durante el operativo que realizan en las rutas, se tendrá que rescindir el contrato de concesión de los servicios de control con Sertran.
En ese caso, la empresa Sertran tendrá derecho a demandar a la Municipalidad y los ediles, aparte de responder con sus bienes por los perjuicios ocasionados a la Comuna, deberán responsabilizarse de la devolución de millonarias sumas al Estado paraguayo, que fueron cobradas en concepto de multas a los supuestos infractores.
En ese sentido, el Decreto Ley 22094, promulgado el 17 de setiembre de 1947, de la creación de la Policía Caminera, habla en su Art. 199° de las sanciones por infracciones de tránsito. Indica que "serán sancionadas con multas equivalentes al importe del salario mínimo legal en la Capital de la República las personas que trabajan en actividades no especificadas". Luego en el Capítulo XXI, de la ejecución de este reglamento, en el Art. 211° establece que "el importe de las multas ingresará a Rentas Generales de la Nación". La Comuna de Ñemby lleva recaudados más de G. 1.000 millones en multas.