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ITAPÚA (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). Durante una audiencia pública desarrollada en el patio de la sede comunal, el actual intendente Silverio Villaverde (ANR), acompañado del asesor jurídico Lilio Sotelo, anunció que la Intendencia solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) auditar la Comuna.
Según dijo, encontraron numerosas irregularidades administrativas, como pagos por servicios y obras que no se realizaron, durante la administración del entonces intendente Hernán Schlender, quien buscará su reelección en las elecciones del 15 de noviembre próximo.
Entre los millonarios desembolsos figuran los más de G. 600 millones pagados a la ingeniera María Graciela Romero, quien habría cobrado salarios en calidad de funcionaria y luego fue contratada para elaborar un catastro, de cuya existencia no se tiene conocimiento en la Municipalidad, dijo el jefe comunal.
El citado millonario monto representa el 15,3 por ciento de todo el presupuesto que maneja la municipalidad en un año. Sus ingresos anuales genuinos ascienden a G. 460 millones, en concepto de royalties recibe del Estado G. 540 millones, del Fonacide G. 600 millones y para fomento del turismo G. 2.300 millones. En total, Jesús de Tavarangue tiene G. 3.900 millones en el año, 15,3% de los cuales habrían dado a la referida ingeniera.
Otros G. 300 millones
El intendente Villaverde informó además que la entonces asesora Romero fue denunciada en calidad de cómplice en el caso de la extracción con cheques, de unos G. 300 millones, en forma ilegal, de una cuenta municipal en la que tenían depositados los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
“Llamó la atención que la Ing. Romero insistiera mucho para que no hiciéramos la denuncia, incluso sugirió que ese dinero sería devuelto con la condición de que no se efectúe la denuncia”, dijo Villaverde.
Por este caso también está procesado el extesorero de la Comuna Ramón Armoa, quien a principios de octubre, sin explicación alguna, renunció al cargo que ocupó durante 12 años y desde entonces permanece con paradero desconocido.
La causa penal está a cargo de la fiscala Natalia Silva, de Encarnación.
Para concretar el retiro de los G. 300 millones fueron utilizados tres cheques de un talonario que no fue entregado a las nuevas autoridades durante el corte administrativo. Los cheques llevarían la firma falsificada del actual intendente, según consignan en la denuncia.
Villaverde calificó la operación como un hecho premeditado por la anterior administración.
Intentamos conocer la versión de Schlender, pero el mismo no quiso dar declaraciones.