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EUSEBIO AYALA, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). La fiscala local, Sofía Jiménez Rolón, fue designada en agosto de 2011 para investigar los daños en los retablos de las iglesias de Caraguatay y Piribebuy, a raíz de una inadecuada restauración realizada por el Arq. Luis Pereira Javaloyes.
El expediente abierto es por la demanda interpuesta por el ciudadano Ramón Esteche.
En el caso específico del retablo del santuario nacional Dulce Nombre de Jesús o Ñandejára Guasu de Piribebuy (declarado patrimonio histórico), la fiscala Jiménez Rolón solicitó informes sobre el trabajo de restauración al intendente de dicha ciudad, Cayo González (ANR), y a la diócesis de Caacupé.
El jefe comunal respondió que “el mencionado trabajo (que) ha causado enorme e irreparable daño a un patrimonio cultural de incalculable valor se ha realizado en el año 1996/97, aproximadamente, durante la administración del entonces intendente municipal Meneleo Rivas (PLRA), en coordinación con la Diócesis de Caacupé”.
Agrega que “esta administración, a pesar de sus esfuerzos y de su interés de que semejante daño sea aclarado y que los eventuales culpables reciban el merecido castigo, no ha podido acceder en sus archivos a ningún documento sobre el particular”.
“Nuestro ferviente deseo de colaborar para el esclarecimiento del hecho investigado, lastimosamente tropezó con la falta de documentación atribuible exclusivamente a otra Administración Municipal”, finaliza la nota de respuesta.
González dijo que solo maneja la información de que había una comisión conformada por ciudadanos, autoridades civiles y eclesiásticas, además del informe extraoficial de que los fondos vinieron del Ministerio de Hacienda a través de la Gobernación de Cordillera, “dato que aún no pudimos confirmar”.
En ese sentido, la fiscala señaló que llamará a testifical a varias personas que formaron parte de dicha comisión, a fin de recabar la mayor cantidad posible de datos. Además librará oficio a la Gobernación de Cordillera sobre la intermediación que pudo haber tenido en el desembolso de los fondos para la comisión.
Indicó que no cree posible que en una administración pública municipal no se cuente con documentaciones respaldatorias de todas las actividades encaradas por sus autoridades.