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Enredado en una confusa explicación, Quesnel sostuvo en conferencia de prensa que se trató de un “error administrativo”, ya que consideraba modificada una ley que le permitía realizar la transacción. Sin embargo, se percató después que la ley no fue modificada, por lo que solicitó una auditoría jurídica externa para investigar el hecho.
Además, Quesnel negó que el monto por el cual se realizó la transacción esté subvalorado. Sostuvo que simplemente intentó recuperar el dinero invertido por el Indi en 1996. “O perdemos la tierra y el dinero, o recuperamos por lo menos el dinero del Indi... Nunca el Indi pudo poseer esa propiedad”, aseguró. Sin embargo, en Registros Públicos la finca ya estaba inscripta a nombre de la institución.
Otro hecho llamativo es que en ningún punto de la conferencia, Quesnel admitió que en las tierras habita una comunidad indígena, y que al vender la propiedad sin su consentimiento, habría violado el Art. 64 de la Constitución Nacional.
Dicha legislación establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra… El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles… Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso conocimiento del mismo”.
Julia Beatriz Vargas Meza, quien sería prestanombre de un grupo empresarial de sojeros aparentemente como parte de un gran negociado, puede solicitar la devolución del dinero invertido en la compra de la propiedad. “Ella tiene toda la obligación y el derecho de solicitar su dinero”, aseguró Quesnel.
Fuerte presión de la población
La venta de las tierras causó revuelo en la población, en especial entre los pueblos indígenas. En varias ocasiones, indígenas guaraní ñandéva y ayoreos cerraron la ruta Transchaco en Mariscal Estigarribia, reclamando el atropello de sus derechos.
La Unión Nacional de Ayoreos en Paraguay (UNAP) demandó a Quesnel ante la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a través de funcionarios de la organización Tierraviva, quienes actuaron como representantes legales de los indígenas.
Si bien, el revocamiento de la transferencia es un paso hacia adelante, la demanda a Quesnel sigue vigente, explicó Óscar Ayala, uno de los abogados de Tierraviva.