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La fiscala Arminda Rivas se encuentra en serios problemas luego de darse a conocer un informe del Colegio de Escribanos del Paraguay sobre la documentación que utilizó para imputar a Higinio Benítez y sus hijos, Claudia y Fernando, por supuesta falsificación de documentos públicos.
La denuncia de falsificación de un título de propiedad fue presentada por Enrique Sarubbi teniendo como testigos al señor Humberto Zapattini y la escribana Verónica Pérez González.
Enrique Sarubbi alega que una finca de 20 hectáreas localizada en Minga Guazú es su legítima propiedad.
Humberto Zapattini se presentó ante la fiscalía diciendo que nunca vendió tal inmueble al señor Higinio Benítez; como testigo presentó a su hija Rosana Zapattini, quién en el momento de la venta tenía 9 años.
La escribana Verónica Pérez González negó haber preparado la escritura pública y dijo que la firma al pie del documento es falsa.
Con base en esta denuncia, la fiscala Arminda Rivas planteó imputación contra Higinio Benítez y sus hijos Claudia y Fernando; en el momento de la supuesta falsificación, Claudia tenía 11 años y Fernando 9 añitos.
Informe desnuda manipulación
Para sostener la imputación, la fiscala Arminda Rivas solicitó informes al Colegio de Escribanos del Paraguay: preguntó por la existencia de la hoja de certificación de firma Nº 94492.
El Colegio de Escribanos respondió que no existe tal documentación; con base en este informe sostuvo imputación contra Higinio, Claudia y Fernando Benítez.
Arminda Rivas fue recusada y apartada del caso. Asumió la investigación la fiscala Cinthia Leiva Cardozo, quién remitió un oficio al Colegio de Escribanos con la pregunta correcta, ¿existe la hoja de seguridad Nº 94492?
La respuesta del Colegio de Escribanos fue la siguiente: “La hoja de seguridad Nº 94492 fue adquirida por la notaria y escribana pública Verónica Pérez González en fecha 14 de octubre de 1992” (negritas son nuestras).
No termina aquí la cuestión: “La hoja de seguridad notarial Nº 66724 del año 1992 fue adquirida por la notaria y escribana pública Verónica Pérez González en fecha 14 de agosto de 1992” (negritas son nuestras).
Imputación falsa
La fiscala Arminda Rivas se encuentra bajo investigación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; la agente del Ministerio Público debe presentarse mañana ante el jurado.
Arminda Rivas cambió el número de la hoja de certificación de firmas para que el Colegio de Escribanos responda que no existe tal documento.
La manipulación de información permitió plantear una imputación falsa; hay que agregar el ridículo de acusar a personas que en el momento del supuesto delito tenían 11 y 9 años.
El mismo “error” cometió al admitir como testigo de Humberto Zapattini a su hija Rosana de apenas 9 años al momento de venderse la finca en Minga Guazú.
Enrique Sarubbi y su suegro muerto
La finca de Minga Guazú es propiedad legítima de HB Inmobiliaria SA, cuyo accionista principal es el señor Higinio Benítez.
Enrique Sarubbi apareció con un título de propiedad fraudulento que surgió de una demanda contra su suegro muerto: Francisco Feliciano Duarte murió en junio de 2000 y en el 2013 “perdió” una acción judicial planteada por Sarubbi.
Gracias al juicio que ganó a su suegro muerto, Sarubbi tomó posesión ilegítima del inmueble; esto logró con apoyo de una maquinaria judicial corrupta.
roque@abc.com.py