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La comisión vecinal de fomento "San Juan Bautista", del barrio Calle San Juan-Callei, de San Lorenzo, lograron la clausura del matadero municipal de dicha ciudad. La jueza en lo civil, comercial y laboral de San Lorenzo, Blanca Rojas de Brítez, revocó por resolución del 23 de febrero el permiso para el funcionamiento del local. El lugar operaba sin contar con licencia ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam) y la autorización del Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa).
La Secretaría del Ambiente había cancelado la licencia ambiental del matadero por no cumplir el Plan de Gestión Ambiental en noviembre del 2009. El concesionario del matadero intentó por intermedio de dos amparos lograr operativizar el sitio. Entonces, el 2 de febrero de 2010, la jueza Rojas de Brítez concedió una medida cautelar de urgencia para la habilitación provisoria.
Sin embargo, ante las pruebas documentales y los argumentos de la comisión vecina, representada por la abogada Marina Cañete Vega, la Secretaría del Ambiente (Seam) y el Senacsa, la magistrada revió su posición inicial y solicitó a la Policía Nacional que haga cumplir su resolución de revocación.
Proceso
Los vecinos indicaron que también existe una causa penal en contra de los responsables del funcionamiento del matadero, a cargo de la fiscala del ambiente, María Bernarda Alvarez.
La Secretaría del Ambiente había cancelado la licencia ambiental del matadero por no cumplir el Plan de Gestión Ambiental en noviembre del 2009. El concesionario del matadero intentó por intermedio de dos amparos lograr operativizar el sitio. Entonces, el 2 de febrero de 2010, la jueza Rojas de Brítez concedió una medida cautelar de urgencia para la habilitación provisoria.
Sin embargo, ante las pruebas documentales y los argumentos de la comisión vecina, representada por la abogada Marina Cañete Vega, la Secretaría del Ambiente (Seam) y el Senacsa, la magistrada revió su posición inicial y solicitó a la Policía Nacional que haga cumplir su resolución de revocación.
Proceso
Los vecinos indicaron que también existe una causa penal en contra de los responsables del funcionamiento del matadero, a cargo de la fiscala del ambiente, María Bernarda Alvarez.