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La Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR), promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley 776/79 “Que amplía la circunscripción territorial del distrito de Presidente Franco”. Alega que dicha normativa cercenó el territorio de la capital del Alto Paraná.
El 26 de diciembre de 2013 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros de la Corte Víctor Núñez, Sindulfo Blanco y Gladys Bareiro de Módica, resolvió declarar la inaplicabilidad de la mencionada ley.
Los magistrados Núñez y Blanco votaron a favor y Bareiro de Módica en disidencia.
Núñez argumenta que la Ley 776/79 lesiona derechos y garantías de nivel constitucional que amparan a los departamentos y municipios. Agrega que está plagada de deficiencias técnicas que la hacen inaplicable.
Por su lado, Bareiro de Módica argumenta que la Ley 776/79 no afecta el territorio de Ciudad del Este (en esa época Puerto Presidente Stroessner), sino el de Domingo Martínez de Irala. No perdió ninguna superficie de sus límites ni hubo desafectación.
A su turno, Blanco arguye que la Ley 776/79 cercena o amputa un pedazo del territorio de Ciudad del Este en beneficio de Presidente Franco. Agrega que el origen de ambos municipios es el distrito Domingo Martínez de Irala.
Blanco indica que “de dársele vigencia a la ley en cuestión se estaría gestando un caos de gravedad institucional que la magistratura jurisdiccional no puede soslayar, porque ello es el caldo de cultivo propicio para la llamada guerra tributaria...”.
Durante una visita a nuestra redacción, el intendente de Presidente Franco, Alcides Fernández, dijo que entre setiembre y octubre de 2013 el entonces diputado y actual gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías Irún (ANR), presentó un proyecto para modificar la Ley 776/79. Sin embargo, al no contar con apoyo en el Congreso Nacional, la Municipalidad, administrada por su cuñada Sandra McLeod de Zacarías (ANR), recurrió a la Corte Suprema de Justicia.
Fernández indicó que el interés del clan Zacarías se centra en los G. 10.000 millones anuales que se recaudan en impuestos en el área que pretenden. Hablan de que son 32 hectáreas, pero en realidad son unas 1.000 hectáreas las afectadas.
El jefe comunal franqueño dijo que la “guerra” por el territorio comenzó hace trece años, desde cuando Javier Zacarías Irún, líder del movimiento Esperanza Colorada, era intendente de Ciudad del Este.
McLeod de Zacarías dijo que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es inapelable.