Caso Eisen: “por orden superior” la Policía incumple mandato judicial

La Policía Nacional se niega a cumplir una orden judicial de desalojo de la finca 1275 de Mayor Otaño, Itapúa, propiedad de la familia Eisen, ocupada en forma ilegal por Agro Nikas SA. Desde el jueves 12 de febrero el oficial de justicia Jorge Deurelle espera el apoyo policial para hacer el procedimiento.

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MAYOR OTAÑO, departamento de Itapúa (De nuestra redacción regional). El vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, y el intendente de San Carlos del Apa, Luis Aníbal Schupp (ANR), son denunciados de sostener la usurpación de la finca que pertenece a la familia Eisen.

Los dueños fueron desalojados el 29 de julio de 2014 del inmueble, por presunto tráfico de influencia de los mencionados políticos.

El lunes, “por orden superior”, el subcomisario Walter Lobo, de la comisaría Nº 94 de Mayor Otaño, aseguró que no se va a cumplir el mandato judicial, firmado por el magistrado Rafael Jacobo.

Lobo aclaró que la “orden” vino de sus superiores vía telefónica y que la disposición escrita está en la sección Jurídica de la Jefatura de Policía de Encarnación. El jefe de Policía de Itapúa, Gerardo Sosa, en tanto, dijo que hay “competencia de poderes y hasta tanto la Corte (Suprema de Justicia) no resuelva, no se va a proceder”.

El lunes se hicieron presentes en el lugar Óscar Agüero y Néstor Cabrera, asesores jurídicos de la Comandancia de la Policía Nacional. Dijeron que la fuerza pública no se opone al cumplimiento de la orden judicial, “pero no aprueba el uso de la fuerza”.

El 25 de julio de 2014 se ordenó el desalojo de los Eisen de su propiedad. La orden judicial dispuso la entrega de la posesión a María Magdalena Vda. de Dirks. El mandato judicial no autorizó el ingreso de Agro Nikas, sin embargo, esta firma hoy usurpa la propiedad.

El desacato policial se presenta después del incumplimiento de otras dos órdenes judiciales, mientras se sustancia el interdicto. La primera fue dictada el 19 de agosto de 2014 y prohíbe innovar en el inmueble, mientras la segunda, del 16 de octubre de 2014, impide realizar toda actividad agrícola en la estancia.

Ambas disposiciones judiciales tampoco fueron cumplidas y se sembraron unas 1.000 hectáreas de soja en la finca usurpada.

Ahora está custodiada por policías que se niegan a cumplir dos órdenes judiciales de embargos ejecutivos y secuestro de 8.000 toneladas de soja.

Los mandatos son de los jueces de primera instancia Rafael Jacobo, con asiento en Santa Rita, y del juez Sergio Rodríguez, de Presidente Franco, ambos de la VI Circunscripción Judicial.

El lunes y ayer las máquinas continuaban cosechando la soja custodiadas por la fuerza del orden y unos 100 campesinos fueron contratados para frenar el ingreso de los oficiales de justicia Jorge Deurelle y Juliana Espínola.

Jueces no resuelven

El expediente de interdicto se encuentra desde el 14 de octubre del 2014 en el tribunal de Apelaciones de Encarnación, tercera sala, integrado por Carmen Lial, Rodolfo Mongelós y Luis García. Los jueces de apelación deben resolver si ratifican la sentencia de primera instancia que ordena la devolución de la finca 1275 a los Eisen o mantienen el estado actual en el inmueble, que está en manos de usurpadores que valiéndose de artimañas y tráfico de influencias se apropiaron de la propiedad.

La llave del inmueble está en manos del abogado Ricardo González Forcado, representante legal de Luis Aníbal Schupp en el proceso y de un centenar de campesinos que dijeron defender a su patrón.

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