“Carnaval” de préstamos del 2013 al 2015 en la Comuna encarnacena

Las “deudas bancarias y otros compromisos” asumidos entre 2013 y 2015 por la Municipalidad de Encarnación trepan a más de G. 28.000 millones. En ese lapso hubo cuatro intendentes, todos de la ANR, y la administración más comprometida es la de Joel Maidana.

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ENCARNACIÓN (José Miguel González, de nuestra redacción regional). La auditoría externa abarcó la gestión de Juan Schmalko (ANR), electo intendente por el periodo 2010-2015. En 2013 renunció al cargo para asumir como director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y fue reemplazado temporalmente por la entonces concejala colorada Élida Bartonchelo, hasta la elección de Joel Maidana (ANR) para culminar el mandato.

Maidana renunció para buscar su reelección, y lo sustituyó desde agosto hasta diciembre de 2015 el concejal Hugo Barreto (ANR).

La más comprometida con el “carnaval” de préstamos es la gestión de Joel Maidana, desde noviembre de 2013, de acuerdo con el informe de auditoría externa realizada por doce técnicos.

Indica que de acuerdo con las confirmaciones de los bancos, para el 2015 los préstamos generaron intereses que abarcaron, en la mayoría de los casos, devengamientos que no fueron registrados en la porción del año en curso. La suma de intereses devengados ascendió a más de G. 634 millones.

Las normas contables y administrativas municipales, en concordancia con la Ley de Administración Financiera del Estado, obligan a registrar todos los egresos por el método de lo devengado, en sus diferentes etapas, que son comprometido, obligado y pagado, explica.

Entre las obligaciones bancarias a corto plazo, deudas pendientes de pago y retenciones a pagar, suman G. 28.671.544.602. Es más, en el balance general se expusieron los descubiertos bancarios como “negativas de activo”, y de acuerdo con los principios contables, deberían ser expuestos como “pasivos”.

Discrecional

Los préstamos que se realizaron no contaron con la autorización de la Junta Municipal y en algunos casos eran depositados en un “fondo común”, cuyo destino final se desconoce.

Otros créditos eran solicitados para cubrir gastos corrientes (pago de remuneraciones), prohibido por la Ley Orgánica Municipal. También existen préstamos “encubiertos”, que eran autorizados para la compra de bienes de uso, pero iban a la caja común.

Todos los ingresos, incluso las retenciones, eran destinados a una caja común, de donde se pagaban, según las urgencias, sin tener en cuenta ningún plan financiero ni de caja. Esa situación permitió arbitrariedades de la administración municipal, que utilizó los fondos autorizados por las ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias (préstamos), hacia otros destinos no consentidos.

“El déficit fue muy elevado en los últimos ejercicios, de tal forma que se echaba mano a diferentes recursos con otros destinos, incluso a generar deudas bancarias, compromisos impagos a proveedores y uso indebido de retenciones, como el caso de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal o el 30 % del Impuesto Inmobiliario, en el último ejercicio del 2015”, sostiene el informe.

Denuncia

El intendente, Luis Yd (Alianza), presentó hace unos días el informe ante la Contraloría General de la República (CGR). Este organismo no realizó el examen especial “por falta de recursos” cuando fue requerido por las autoridades actuales y la ciudadanía, cuando Roy Rodgers Canás era contralor interino.

Que no quede impune

Bajo el eslogan “Que no quede impune”, un grupo de ciudadanos encarnacenos realiza movilizaciones desde el 15 de febrero. La abogada Primitiva Villalba Ferrari, una de las promotoras de las medidas de presión, afirmó que el objetivo apunta a dar curso a un interés ciudadano de que los hechos de corrupción durante los últimos tres años de gobierno colorado en la administración comunal tengan castigo, según la ley. Graves irregularidades fueron evidenciadas mediante una auditoría externa realizada por exigencia ciudadana que salió a la calles para ejercer presión a inicios de 2016. El propósito es que el informe tenga su seguimiento en el ámbito de la justicia.

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