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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El arresto domiciliario del contador Ignacio Urbieta fue dispuesto por la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, presidida por el juez Aniceto Amarilla e integrada por Mirian Meza de López y Marta Acosta. Esta última votó por la confirmación de la medida adoptada por el juez Marino Méndez, de mantener la prisión preventiva, mientras que Meza y Amarilla resolvieron revocar la medida y otorgar el arresto domiciliario.
La disposición fue notificada al juez de garantías Marino Méndez, quien debe dar lugar a la resolución de la instancia superior.
Urbieta debe salir hoy de la cárcel de Coronel Oviedo y comparecer ante Méndez.
Los fiscales Luis Piñánez y Martín Cabrera son los titulares en la investigación de la megaevasión. El fiscal coadyudante en el caso, Marcelo Saldívar, explicó que recibió una notificación de la Cámara de Apelaciones vía fax y hoy accederá a la resolución de manera íntegra para analizar los fundamentos de los magistrados y ver qué acciones tomar.
El fiscal Piñánez sostuvo que consideran que existe un riesgo de obstrucción a la investigación porque es una causa muy grande, y que Urbieta no se sometió al proceso, sino que fue aprehendido por las fuerzas policiales. Además, tienen información de que algunos eventuales testigos de la causa reciben presiones. Ya varias revisiones de las medidas alternativas fueron rechazadas, indicó.
Además, Piñánez resaltó que el arresto domiciliario “es de difícil control” y Urbieta podría trabajar desde su casa, independientemente del hecho de que a partir de este arresto se computa el encierro como parte del cumplimiento de una condena.
Urbieta fue detenido el 14 de marzo por policías que rodeaban su oficina, en el microcentro local. El 18 de marzo también fue aprehendido frente al Paraná Country Club el contador Alfredo Brítez González.
Ambos son investigados como supuestos responsables de una multimillonaria evasión impositiva ejecutada presuntamente por más de 280 empresas. La Fiscalía considera a Urbieta como el cerebro del esquema.
La jueza Dólica Giménez de Liuzzi había dispuesto en abril que ambos procesados guardaran reclusión en la cárcel de Coronel Oviedo.
Los contadores están imputados por producción de documentos no auténticos y asociación criminal, junto con la auditora externa Lilian Andresa Esquivel y al funcionario de la Subsecretaría de Tributación del Estado (SET) Víctor Manuel Mármol Larroza.