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SAN BERNARDINO, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Según Daniel Mitjans, el contrato jamás debió ser autorizado por la Junta Municipal, porque no se cumplieron los procesos legales establecidos, tales como un llamado a licitación, requerimiento ineludible según la Ley N° 1618/2.000.
Asimismo no se especificaron verdaderos beneficios para la comunidad, hecho que fue demostrado con el grosero sistema de pago. El monto estipulado en el contrato es de G. 2.600 millones, de los cuales mil millones irán a obras de infraestructura, “las que Afara considere pertinentes”. Las construcciones deberían de realizarse con materiales desmontables, para que luego de la finalización del acuerdo pueda ser retirado por el gestor.
Pudiendo exigir a la Comuna un resarcimiento por los gastos realizados. Unos 1.100 millones a la organización de eventos. El resto, unos 500 millones en efectivo pagaderos de la siguiente forma: G. 250 millones en el 2021, G. 125 millones en el 2022 y G. 125 millones en el 2023.
¿Asesor jurídico ad honorem?
Resulta muy llamativo que el dictamen haya quedado a cargo del asesor supuestamente “ad honorem” Diego Fernández, quien es funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), siendo que el asesor jurídico del colegiado que figura en la planilla de funcionarios de la Municipalidad de San Bernardino, es el abogado Arnaldo Sanabria, quien ni siquiera asiste a las sesiones.
Fernández ya demostró su nula formación en materia de contratos y leyes inherentes a concesiones, por eso recomendó a los concejales autorizar al ejecutivo a firmar el acuerdo mencionado. Además de que los dictámenes presentados carecen de argumentaciones basadas en leyes o en incumplimiento de cláusulas del contrato. Como el hecho de que Salomón tenía la obligación de presentar un proyecto de trabajo que debería ser aprobado por la Junta antes de su ejecución, hecho que no se realizó en tres meses.
Intentamos comunicarnos en varias ocasiones con el Abog. Sanabria, pero el mismo no respondió nuestras reiteradas llamadas a su celular.
Por su parte, el asesor Diego Fernández mostró una resolución que lo habilita como asesor ad honorem de la Junta Municipal. Admitió, sin embargo, que tres concejales le pagan un estipendio por “sus servicios” prestados.