Caen cinco concejales por cobrar coima en Yrybucuá

Cinco concejales liberales del distrito de Yrybucuá, departamento de San Pedro, fueron detenidos ayer por un supuesto pedido y cobro de coima al intendente de esa ciudad, Alberto Chamorro (PLRA), para aprobar el balance de su gestión. Argumentaron que cayeron en una trampa.

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YRYBUCUÁ (Sergio Escobar Rober, corresponsal).- Los detenidos son los concejales Raúl Cardozo, Huber Legal Silva, Adelio Godoy Marín, Emigdio Olmedo Acosta y el presidente de la Junta Municipal, Ignacio Martínez, todos del PLRA. El procedimiento fue encabezado por la fiscala Victoria Acuña a raíz de una denuncia presentada por el intendente de la ciudad, Alberto Chamorro, también del Partido Liberal Radical Auténtico.

Chamorro denunció que los cinco concejales le pidieron G. 30 millones para votar por la aprobación del balance de su gestión. La administración del intendente es auditada actualmente.

Tras la denuncia del intendente, se preparó la entrega de la suma requerida por los ediles. Con cámaras ocultas se hizo la entrega del millonario monto en la vivienda del concejal Adelio Godoy, ubicada en el centro de la ciudad, después de las 15:30 de ayer.

El dinero fue distribuido en cinco sobres; en uno había G. 10 millones, que fue recibido por el ya citado presidente de la Junta, y el resto fue divido en G. 5 millones.

La fiscala Acuña, con acompañamiento de agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional y efectivos de la comisaría 32ª de Yrybucuá, procedió a la detención de los cinco concejales por el supuesto cobro de coima. Los ediles fueron llevados a la comisaría de la ciudad y luego trasladados a Santaní.

El concejal Raúl Cardozo negó que hayan pedido coima e insistió en que cayeron en una trampa. Indicó que desde hace meses la Intendencia adeuda a los concejales sus dietas y que el jefe comunal Chamorro los citó para pagarles parte de sus haberes.

Los cuatro colorados se hicieron presentes en la comisaría de Yrybucuá para brindar apoyo a sus colegas detenidos. El edil Carlos Cáceres no descartó que se trate de una venganza de Chamorro porque los nueve concejales firmaron el pedido de auditoría de su administración por un faltante de G. 3.000 millones.

Chamorro dijo, por su lado, que es perseguido por sus propios correligionarios.

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