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El 18 de noviembre de 2015 el juez itinerante de primera instancia Emilio Gómez Barrios firmó el auto interlocutorio Nº 1715.
La resolución del juez itinerante ordena la prescripción de la imputación presentada por la fiscala Arminda Rivas de Monges contra Higinio Benítez, Aurelia Nicolaus y sus hijos Claudia y Fernando.
La familia Benítez Nicolaus fue acusada de falsificación de documentos públicos. El delito tuvo lugar, supuestamente, en 1992.
La denuncia fue presentada por Enrique Sarubbi ante la fiscalía penal a cargo de la agente Arminda Rivas de Monges, actualmente suspendida por orden del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, precisamente por este caso.
La resolución del juez Emilio Gómez Barrios se contradice a sí misma: “La presente causa se halla indefectiblemente prescripta, aunque la declaración de prescripción de la acción penal no implica de manera alguna la absolución del reproche y pena de los imputados, la misma tiene que ver con la imposibilidad de llegar a una redefinición definitiva del conflicto por parte de los órganos de punición del Estado” (negritas en el original).
En el documento el magistrado establece la prescripción de una imputación presentada 23 años después del supuesto delito.
Pero a renglón seguido habla de una “imposibilidad de llegar a una redefinición definitiva del conflicto”.
Y al mismo tiempo niega el sobreseimiento de los acusados Higinio Benítez, Aurelia Nicolaus y sus hijos Claudia y Fernando.
Tabla de salvación para Sarubbi
El juez Emilio Gómez Barrios facilitó una ayuda a Enrique Sarubbi para resucitar la demanda que ganó a su suegro muerto, un caso que llena de vergüenza al Poder Judicial.
Francisco Feliciano Duarte murió en junio de 2000 y en octubre de 2014 “perdió” una demanda por cumplimiento de contrato, planteada por Enrique Sarubbi.
Gracias al juez Manuel Saifildin Stanley, en octubre de 2014, Sarubbi obtuvo un título de propiedad sobre la finca 483 de Alto Paraná.
La jueza Máxima Meza también intervino en el proceso: otorgó a Sarubbi el permiso para ocupar la finca 531, propiedad de HB Inmobiliaria SA, en Minga Guazú, Alto Paraná.
En este momento la jueza Máxima Meza está procesada por el Jurado de Magistrados por este caso.
La intervención sucesiva de jueza y fiscales permite a Sarubbi seguir con sus pretensiones de usurpar la propiedad legítima de HB Inmobiliaria.
El juez Emilio Gómez Barrios, al rechazar la imputación, admitir la prescripción pero no ordenar el sobreseimiento, permite a Sarubbi reclamar al tribunal de apelación de Ciudad del Este que siga un juicio sobre una supuesta falsificación de documentos por parte de los Benítez Nicolaus.
Imputación falsa
Peritajes del Ministerio Público demostraron la falsedad tanto de la demanda de Sarubbi como de la imputación de Arminda Rivas, pero el juez Emilio Gómez Barrios optó por tender una “ayuda” a Enrique Sarubbi.
roque@abc.com.py