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CAACUPÉ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El lunes 14 de marzo debió realizarse la audiencia preliminar para el exintendente de Arroyos y Esteros Gustavo Alfonzo (ANR) y otras seis personas, todos ellos procesados por un perjuicio patrimonial que supera los G. 1.300 millones que, según la acusación, ocasionaron a la Municipalidad de Arroyos y Esteros. En la diligencia se debía decidir si la causa es elevada o no a juicio oral y público.
La audiencia fue suspendida con el argumento de que el abogado Hugo López, que representa a los acusados, padece dengue, para lo cual se presentó un certificado médico.
Concejales y directores de instituciones educativas de Arroyos y Esteros expresaron su disconformidad con el aplazamiento de la diligencia, teniendo en cuenta que Alfonzo tiene otros siete abogados que le representan. Se trata de una argucia que solo busca dilatar el proceso, denunciaron. La jueza Aidée Pereira, quien reemplazó a la magistrada Blanca Báez porque esta pidió permiso, decretó la suspensión del acto. Fijó la audiencia para el 1 de abril próximo.
La gestión de Blanca Báez y de la jueza de sentencia Magdalena Narváez de Rodríguez se encuentra auditada por la Corte Suprema de Justicia en el caso de Alfonzo. Fue después de que con maniobras otorgaran libertad ambulatoria al exjefe comunal en febrero último cuando se encontraba preso. También fueron denunciadas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Los fiscales Luis Lionel Piñánez y José Dos Santos habían presentado acusación contra el exintendente de Arroyos y Esteros Gustavo Alfonzo Prieto (ANR), por los delitos de lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor. La expectativa de pena es de hasta diez años de prisión.
Tanto el exjefe comunal como otras seis personas están procesadas por indicios de apropiación de G. 1.300 millones, en perjuicio de la comunidad arroyense.
Asimismo, fueron acusadas por lesión de confianza en calidad de autoras Carmen Cristina Alfonzo Prieto (hermana de Gustavo Alfonzo) y María Luján Leite Sánchez, quienes ocuparon cargos de administradoras de la Municipalidad.
En calidad de cómplices de lesión de confianza fueron acusados Lilian Fabiola Díaz Benegas, pareja sentimental de Alfonzo y exsecretaria general de la Comuna; el empleado Omar Rodríguez Kunzle y Gustavo Amado Alfonzo Bello, hijo del exintendente, y Alejandro Magno Núñez Insfrán.