Antiguas comunidades indígenas habitaban tierras vendidas por Indi

CUYABIA, departamento de Boquerón. (Mayra Rivarola, enviada especial). Indígenas verificaron la existencia de un asentamiento antiguo a pocos kilómetros del territorio de la comunidad Cuyabia, desestimando uno de los argumentos que utilizó el titular del Indi, Rubén Quesnel, al vender el predio a un particular.

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Esta versión queda descalificada luego de que el grupo de indígenas verificó el sábado la existencia de un antiguo asentamiento en una estancia colindante al predio adquirido por el Indi. Los ancianos de la comunidad recordaron que fue ahí el último sitio que habitaron luego de que fueran expulsados por una misión evangélica, hace aproximadamente 50 años, explicó el líder del grupo, Unine Cutamoraja.

El grupo de indígenas deambuló por varios asentamientos hasta llegar a Ebetongue, asentamiento de ayoreos situado a 35 kilómetros al noreste de Filadelfia.

Las 25.000 hectáreas ubicadas a 35 kilómetros al sur de Teniente Pico, del departamento de Boquerón, fueron adquiridas por el Indi para los guaraní ñandéva en 1996. Sin embargo, estos nunca las ocuparon por estar ubicadas en territorio ancestral ayoreo. En el 2010, los guaraníes cedieron los derechos de la propiedad a los indígenas originarios Atetadiegosode del pueblo Ayoreo.

Con el apoyo de la Gobernación de Boquerón y el Indi, a través del Proyecto de Regularización de Tierras Indígenas, unas 20 familias fueron trasladadas a lo que es conocida como la comunidad Cuyabia.

En noviembre del 2012, Quesnel vendió sorpresivamente las tierras a Julia Beatriz Vargas Meza, a un 6 por ciento del valor del mercado calculado, en abierta violación de la Constitución Nacional y de las obligaciones legales inherentes a la institución a la que actualmente representa. Varios indicios indican, además, que la transferencia sería un gran negociado, que implicaría a una rosca de escribanos, abogados, particulares y funcionarios del Estado.

La Unión Nacional de Ayoreos en Paraguay (UNAP) demandó a Quesnel ante la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía. La fiscal Alba Delvalle, encargada de la investigación, no se ha pronunciado sobre el caso. Representantes legales de la comunidad presentaron también una demanda de nulidad de la transferencia.

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