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Sin embargo, señaló que las autoridades municipales de esta ciudad se mostraron accesibles y se comprometieron a adecuarse a las exigencias de la Base Naval.
Los lugareños se verían obligados a hacer un trayecto de desvío que les implicará al menos 80 kilómetros más de lo que normalmente realizan para llegar a la capital departamental, explicó Florentín.
Las autoridades municipales, principalmente el intendente, Pedro Duarte (ANR), están obligadas a poner en condiciones la balsa, insistió.
De lo contrario, los habitantes de este municipio quedarían semiaislados.
Los explotadores de la “balsa de la muerte” podrán apelar el tiempo de cinco días hábiles que les concedió la Marina desde el miércoles pasado. Sin embargo, en caso de que no se adecuen a las exigencias, el amarre de la balsa se daría después de la Semana Santa.
El pasado 2 de marzo una mujer, sus dos pequeños hijos y su sobrino fallecieron al caer al río Paraná el automóvil en que se encontraban dentro de la balsa. Por la tragedia fueron imputados por homicidio culposo el operador de la balsa, Valdomiro Ramírez Duarte, y Andrés López Arévalos, chofer del automóvil Chevrolet Corsa en el que estaban las víctimas.