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AREGUÁ (María Teresa Blanco, corresponsal). Los líderes del Consejo de Aguas, del Consejo de Turismo, Areguá Natural, Centinelas Verdes, Areguá y Juventud, Casa Amarilla, El Cántaro Escuela Popular y Estación A, se reunieron ayer frente a la obra ubicada en las faldas del cerro Chororî para protestar contra la construcción. La zona se denomina “Bosque Guggiari”.
Los ambientalistas exigen que la Intendencia tome medidas drásticas “para frenar los atropellos” del diputado José López Chávez.
El proyecto de la estación de servicios no cuenta con estudio de impacto ambiental y además transgrede ordenanzas municipales. El legislador viola la ordenanza Nº 08/08, que declara el lugar como zona de interés ambiental y la N° 14/03 que prohíbe la habilitación de una estación de servicio a 300 metros de otra.
El intendente local, Osvaldo Leiva (ANR), hasta el momento solo se limitó a notificar a José López Chávez para que suspenda la construcción. El diputado ignora los pedidos de la Comuna y hasta el viernes ultimo, unos 10 albañiles continuaban la obra.
La Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal, en sus artículos 99, 100 y 101 indica que el intendente podrá actuar de oficio y suspender la obra, en casos de urgencia como, por ejemplo, desocupación, inhabilitación de locales, demoliciones, suspensión de obras, entre otros.
El Art. 103 de la misma ley le faculta al jefe comunal a solicitar el apoyo de la Policía Nacional en recintos públicos o privados si se constatan hechos que verosímilmente puedan ser considerados como falta.
La construcción en una “zona prohibida” amerita aplicar esta ley. Sin embargo, Leiva parece ignorarlo, generando suspicacias en la ciudadanía.
Al respecto, intentamos conversar con el jefe comunal, pero su celular se encontraba apagado y no respondió a los mensajes.
Niega atropello
En su momento, el diputado José López Chávez dijo que “el proyecto solo se trata de un parador turístico, con una pequeña estación de servicio para facilitar la atención a los turistas”.
Agregó que se encuentra tramitando el estudio de impacto ambiental en la Secretaría del Ambiente (Seam) para la habilitación de su negocio.
Refurió que cuenta con todos los permisos y que se hizo asesorar por técnicos para la construcción.
El legislador indicó que cuando compró el inmueble “en ningún momento me manifestaron que era un lugar declarado de interés ambiental”.