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LIMA, Dpto. de San Pedro (Omar Acosta, corresponsal). El Colegio Nacional Ybypé Tercera Línea, de este distrito, tiene 120 alumnos y por falta de aulas, los estudiantes del 3er. curso de la media desarrollan las actividades bajo una precaria choza. La comunidad educativa denunció la situación en reiteradas ocasiones, solicitando una solución.
En marzo de este año, tras la publicación periodística de la precaria realidad de la institución, se escucharon promesas de las autoridades, pero en nada cambió la situación hasta la fecha. “Solo tenemos una precaria aula de madera que logramos terminar con apoyo de los padres de familia, ganaderos de la zona, comerciantes y un poco nos apoyó la Municipalidad”, explicó el docente Héctor Insfrán, director de la institución.
También en aquella oportunidad, el actual gobernador, Julio Jiménez (PLRA), prometió la construcción de aulas en la institución. “También nos mintió, solo fue compromiso para la prensa, nada se construyó”, se quejó el director.
Según el docente, la Municipalidad tampoco invirtió los recursos de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) en la institución. El Ministerio de Educación tampoco se ocupó de ofrecer comodidades básicas para fortalecer la educación.
Burla
Tras las publicaciones en marzo pasado, el fiscal ambiental Carlomagno II Alvarenga, convocó a los docentes de la institución en el Ministerio Público para presentar proyecto para la construcción de aulas, para otorgar recursos económicos en el marco de reparación social dentro de un proceso por delito ambiental.
“Se burlan de nosotros. Presentamos nuestro proyecto. Supuestamente nos van a dar 15.000 dólares, pero cada semana que reclamo me dicen ‘esta semana’, solo eso me repiten y tampoco llega el aporte”, se quejó el docente.
El fiscal Carlomagno II Alvarenga explicó que los administradores de la firma Colonia Nuevo México SA, Johan Quirin Bergen y Johan Doreksen, fueron imputados por deforestación, pero en marzo de este año se concedió suspensión condicional del procedimiento, en el que se impone a los procesados reforestar 400 hectáreas con árboles nativos, confinamiento de la zona boscosa, y 22.000 dólares que se deben distribuir a varias instituciones educativas, entre ellas la de Lima.
Juez no puso fecha
Llamativamente, el juzgado de Santa Rosa del Aguaray aún no remitió la resolución de la salida procesal al juez de ejecución. “Se está finiquitando todo y entre hoy y mañana ya se enviará al juez de ejecución”, expresó Viviana Moreno, actuaria del juzgado, aclarando que el expediente está en la sección de estadísticas.
El juez César Domínguez, fue quien firmó la resolución, pero ya había cumplido los cinco años de trabajo por lo que dejó su función y actualmente es ocupado por el juez Edgardo Martínez.
Según el abogado de los procesados, Wildo Coronil, sus clientes ya cumplieron con algunas instituciones y faltan otras, sin dar nombres. “El proceso dura tres años y dentro de ese lapso vamos a cumplir todo”, refirió el abogado, ya que según manifestó el juez no puso fecha para cumplir con la reparación social.