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ACAHAY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). Las empresas adjudicadas en forma directa, procesos legales, por el intendente Alcides Sosa (ANR) son M y C Consultoría, de Mirian Martínez. La propietaria de la firma sería pareja de Eduardo Espínola Ayala y es la única registrada como proveedora del Estado.
Espínola Ayala era administrador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Fue condenado a ocho años de cárcel por lesión de confianza por el desvío de G. 178 millones en dicha institución. Actualmente goza de prisión domiciliaria en el distrito de Mbuyapey, departamento de Paraguarí.
Las demás son constructoras independientes y los dueños serían familiares cercanos de Espínola Ayala. Se trata de Constructora San Cayetano; de Cosme Damián Pérez, quien sería concuñado del procesado; Constructora San Roque y Constructora 8 de Diciembre, de Melquiades Ayala Ortiz y Aldo Ayala González, respectivamente.
Entre las obras más cuestionadas figuran la supuesta reparación de caminos vecinales y del puente Balmori por G. 600 millones, construcción de una ciclovía y un portal en la entrada a esta ciudad. Fueron desembolsados G. 192 millones para los trabajos, pero la administración comunal no presentó informe a la Junta Municipal sobre las mejoras.
Asimismo, la refacción de aulas en la escuela Niño Salvador del Mundo. El intendente Sosa pagó la totalidad antes de que inicie la construcción. Se tiene acta de recepción provisoria con fecha del 21 de marzo del 2017, pero el contrato con la constructora San Miguel fue firmado recién el 22 de setiembre de 2017.
La Junta Municipal rechazó el informe de gestión del intendente, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, por las numerosas irregularidades que detectaron. A la sospechosa vinculación de las empresas, denunciaron la existencia de obras fantasmas, que ameritan una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad alertó sobre las irregularidades detectadas en la ejecución presupuestaria de 2017 al plenario de la Junta Municipal. Atendiendo ese hecho, la corporación legislativa por unanimidad rechazó el informe y devolvió al intendente Sosa para que presente su descargo en treinta días.
Los concejales temen que las empresas ligadas a Espínola Ayala hayan sido creadas para “desangrar” a la Municipalidad local.
Intentamos hablar ayer del caso con el intendente Sosa, pero no contestó nuestras llamadas telefónicas.