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El abogado defensor dio cátedras de derecho “respetuosamente” a la representante del Ministerio Público Natalia Montanía en pleno desarrollo del juicio oral, debido a que la acusadora presentó más de diez cajas de documentos como pruebas, pero todos ellos son fotocopias simples.
La grave demostración de desconocimiento de la ley –según la defensa– tuvo ayer como escenario una de las salas de juicios orales del Tribunal Penal de Ciudad del Este.
El procesado Santos Ávalos se desempeñaba como cajero de tasas judiciales de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná y supuestamente desvió G. 1.200 millones a su cuenta personal. El caso fue denunciado el 18 de marzo por el abogado Raúl Saguier, en su calidad de encargado de la Dirección Regional del Registro del Automotor.
Y como muestra de una desprolijidad en lo que debería ser un trabajo investigativo, la fiscala Montanía presentó como pruebas al menos 12.000 legajos, pero todos ellos en fotocopias simples, es decir, no válidos jurídicamente y mucho menos para demostrar la comisión de supuestos delitos económicos, según refirió el abogado Lulio Gamarra, representante convencional del enjuiciado.
Varios espectadores que se encontraban en la sala de juicio oral, inclusive los integrantes del tribunal juzgador, se mostraron sorprendidos al revelarse que ninguna fotocopia de los documentos presentados como pruebas tuvo la evaluación de peritos caligráficos, contables, documentológicos ni informáticos.
De acuerdo con los datos, toda esa cantidad mencionada de papeles presentada por la fiscala Natalia Montanía no fue presentada como prueba al momento de la acusación contra el exfuncionario judicial y, por ende, no tendrían validez en el juicio. El tribunal está conformado por Efrén Giménez (presidente), Carmen Barrios y Ana María Arréllaga (miembros).