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El fracasado proyecto habitacional "Villa Nueva Asunción", de la quebrada financiera Óga Rape, fue ofrecido a la Senavitat.Los pobladores del complejo habitacional Villa Nueva Asunción aseguran que intentaron regularizar la situación jurídica de sus viviendas, pero se encontraron con varias trabas burocráticas debido a que la Financiera Óga Rape, propietaria legal del condominio, se declaró en quiebra y abandonó el proyecto hace unos 22 años.
Las 500 casas construidas en un área proyectada como barrio cerrado, fueron invadidas en 1993 por vendedores ambulantes, policías y militares de rangos inferiores. Un grupo reducido de personas recibió la vivienda como parte de sus ahorros en la financiera en quiebra, pero ningún locatario tiene título de propiedad.
Los ex ahorristas indicaron que en varias ocasiones intentaron regularizar su situación, pero se encontraron con infinitas trabas burocráticas que los obligaron a desistir.
"Yo recibí mi casa como parte de mis ahorros cuando Óga Rape cerró. Tengo un documento de la financiera que me otorga el derecho de estar acá, pero cuando intenté gestionar mi título encontré muchas trabas", dijo Sonia Díaz, quien vive en el sitio hace 15 años en compañía de sus seis hijos.
En el lugar, distante unos 20 kilómetros del centro de Luque viven actualmente unas 2.000 personas en medio de las precariedades, la falta de caminos, seguridad, asistencia sanitaria, agua potable y energía eléctrica.
Jadiyi Torres, directora de Catastro de la Municipalidad de Luque, dijo que cada vivienda posee una cuenta catastral bien definida y que están a nombre de la quebrada financiera. Añadió que en 2011 un abogado que se presentó como síndico de la Financiera Óga Rape, solicitó algunos documentos del condominio, supuestamente para vender la propiedad a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
Al respecto, Virgilio Vallejos, asesor de prensa de la Senavitat, confirmó la existencia de un expediente de la financiera en la Asesoría Jurídica de la secretaría de Estado. Añadió que la persona encargada del caso, la abogada Pabla Sánchez, se encuentra de viaje.
mblanco@abc.com.py
Fotos: Rudy Lezcar - Juan Carlos Meza
Las 500 casas construidas en un área proyectada como barrio cerrado, fueron invadidas en 1993 por vendedores ambulantes, policías y militares de rangos inferiores. Un grupo reducido de personas recibió la vivienda como parte de sus ahorros en la financiera en quiebra, pero ningún locatario tiene título de propiedad.
Los ex ahorristas indicaron que en varias ocasiones intentaron regularizar su situación, pero se encontraron con infinitas trabas burocráticas que los obligaron a desistir.
"Yo recibí mi casa como parte de mis ahorros cuando Óga Rape cerró. Tengo un documento de la financiera que me otorga el derecho de estar acá, pero cuando intenté gestionar mi título encontré muchas trabas", dijo Sonia Díaz, quien vive en el sitio hace 15 años en compañía de sus seis hijos.
En el lugar, distante unos 20 kilómetros del centro de Luque viven actualmente unas 2.000 personas en medio de las precariedades, la falta de caminos, seguridad, asistencia sanitaria, agua potable y energía eléctrica.
Jadiyi Torres, directora de Catastro de la Municipalidad de Luque, dijo que cada vivienda posee una cuenta catastral bien definida y que están a nombre de la quebrada financiera. Añadió que en 2011 un abogado que se presentó como síndico de la Financiera Óga Rape, solicitó algunos documentos del condominio, supuestamente para vender la propiedad a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
Al respecto, Virgilio Vallejos, asesor de prensa de la Senavitat, confirmó la existencia de un expediente de la financiera en la Asesoría Jurídica de la secretaría de Estado. Añadió que la persona encargada del caso, la abogada Pabla Sánchez, se encuentra de viaje.
mblanco@abc.com.py
Fotos: Rudy Lezcar - Juan Carlos Meza