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Los denunciantes indicaron que los directivos de la Junta de Saneamiento están usurpando los cargos y que como no rinden cuentas, los usuarios no tienen información del destino de las recaudaciones. Hace seis años fueron electos y debían llamar a asamblea al cumplir dos años de gestión.
“No sabemos ni siquiera la cantidad real de usuarios y los depósitos del dinero en la cuenta de la Junta de Saneamiento”, expresó Edulfo Benítez, usuario.
Benítez denunció ante la fiscalía la utilización de recibos comunes y cobros irregulares por la Junta, pero, según indicó, el Ministerio Público no realizó una buena investigación, pese a que se incautó de varios documentos y computadoras.
Dijo que a raíz de la denuncia que presentó lo suspendieron como usuario, le imposibilitaron votar y candidatarse a algún cargo.
Indicó que en más de 20 años no tiene sede propia, pese a contar con un predio donde edificar. El ente funciona en un local alquilado, propiedad del administrador de la aguatera, Arnaldo Ayala, indicó el usuario.
Por su parte, Torres alegó que no llamó a asamblea a consecuencia de la denuncia fiscal en su contra.
“Hace unos tres años que no se hace la asamblea porque no tenemos un solo libro, debido a que la fiscalía llevó todos los documentos. Ahora estamos organizando para mayo la conformación del Tribunal Electoral Independiente para realizar en junio la asamblea, pero con este tema de la emergencia sanitaria no sabemos si se realizará”, expresó Torres.
Dijo que la comisión no está acéfala, que la entidad cuenta con 2.100 usuarios y que recauda más de G. 50 millones por mes.