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CIUDAD DEL ESTE (Fredy Flores, corresponsal). El 19 de julio del 2015, el Ministerio de Salud Pública, durante la gestión del exministro y actual senador Antonio Barrios (Colorado cartista), adjudicó a la empresa M&T SA, representada por Julio Adolfo Mendoza Yampey, una licitación de G. 14.225 millones para la construcción de un hogar destinado a adultos mayores en esta capital departamental. La cartera de Estado en la misma fecha otorgó otra licitación a la citada firma por G. 2.019 millones para la edificación de un albergue para niños y adolescentes.
La construcción estaba proyectada en un inmueble de más de 20.000 m², ubicado en el barrio Ciudad Nueva, cedido por la Municipalidad esteña.
El 25 de setiembre del 2015, la empresa M&T SA recibió un anticipo de G. 4.058 millones para comenzar la construcción del hogar de adultos mayores y otro adelanto de G. 1.706 para el albergue de niños. Pero, la obra no se inició porque el predio fue invadido por autodenominados “sintierras”.
Pese al inconveniente, la firma adjudicada siguió recibiendo más desembolsos (ver infografía) de la cartera de Estado.
La directora de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública, arquitecta Leticia Herreros, señaló que ante el incumplimiento del compromiso, la invasión del predio y la incorporación de adendas sin resolución, la cartera de Estado rescindió los dos contratos el 10 de julio de 2019. Dijo que solo encontraron una ejecución del 9,9% en la construcción del hogar de adultos mayores, a pesar de que la empresa cobró más del 30% del monto de la licitación.
En tanto que para el albergue de niños y adolescentes el avance fue solo del 5,58%, precisó.
Sin embargo, en el predio no existen vestigios de obra alguna porque habrían sido rapiñadas por los invasores.
No se pudo recuperar el dinero
La Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública intimó en varias ocasiones, sin éxito, a la empresa M&T SA para devolver el dinero por incumplimiento de contrato. También intentó ejecutar la póliza de seguro, pero la firma Royal Seguros SA, de Juan Carlos López Moreira (exasesor del presidente Horacio Cartes), se desentendió del tema, expresó el asesor jurídico de la cartera de Estado, Gustavo Irala. Comentó que todos los antecedentes ya fueron remitidos la Procuraduría General de la República. Intentamos obtener la versión de algún responsable de la empresa contratista, pero el número de teléfono que aparece en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) “está inhabilitado”.