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CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El abogado Arturo Arias, en representación del gerente de la firma Durli Leathers SA, Paulo Antonio Fell, había solicitado al juez Hilario Bustos que rechace la imputación y revoque el señalamiento de audiencia de imposición de medidas para el ejecutivo de la curtiembre. El letrado argumentó que el proceso que soporta su cliente tiene numerosas falencias, como la falta de jurisdicción de la fiscalía y que no participaron en la toma de muestras del arroyo Caañabé para el análisis correspondiente.
El magistrado, sin embargo, rechazó la solicitud de la defensa con respecto a la imputación porque considera que constituye un trámite administrativo necesario. El hecho de que “yo reciba la imputación y la tramite no afecta el hecho de que pueda o no anularse la imputación”, explicó el juez Bustos.
Señaló que con respecto al señalamiento de fecha de imposición de medidas declaró inoficioso el estudio “porque recurrieron a la reposición o subsidio. Además, ya pasó la fecha que estaba fijada para el 17 de febrero pasado”, dijo.
El magistrado agregó que el trámite de apelación, la reposición y la resolución serán enviados a la Cámara de Apelaciones para que dicha instancia judicial pueda confirmar o revocar su decisión.
Paulo Antonio Fell fue imputado por procesamiento ilícito de desechos y delitos contra el medio ambiente por la fiscala del Ambiente de Asunción, Lisa Martínez. Fue en el marco de una investigación por la presunta contaminación del arroyo Caañabé, principal afluente del lago Ypoá. Numerosos peces murieron en el cauce.
La agente del Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión para el ejecutivo de Durli Leathers SA. Martínez fue recusada y la caso quedó a cargo del fiscal Jalil Rachid.
El técnico de la empresa, ingeniero Ricardo Velázquez, afirmó que la industria fue verificada por los organismos de control trece veces desde el año 2019 y todas las actas señalan que está operando en regla. Indicó que mensualmente envían muestras de agua al Ministerio del Ambiente cuyos resultados están en el rango establecido en la ley.
Hablan de irregularidad
La gerente general de Durli Leathers SA, Lenisse Fell, señaló que la planta se dedica al procesamiento, la limpieza y el curtido del cuero vacuno. Expresó que aquella compañía, originaria del Brasil, invirtió cerca de 15 millones de dólares en infraestructura y tecnología de punta y que cumple todas las normas legales.
Es fuente de empleo de unas 120 familias y genera un ingreso mensual de G. 500 millones con pago de salario y compra de productos a proveedores locales, afirmó.
Indicó que existe un grupo de personas que denuncia que la empresa arroja sus desechos al arroyo Caañabé. “El sector minoritario liderado por Margarita Miró dice algo totalmente fuera de la realidad”, indicó.
Expresó que desconocen los motivos de las acusaciones, por lo que radicaron una denuncia en noviembre del año pasado.
Afirmó también que el procedimiento realizado el año pasado, a cargo de la fiscala Lisa Martínez con el acompañamiento de Margarita Miró y su hijo Juan Valentín García Miró, es totalmente irregular porque ingresaron al predio sin autorización, por detrás de la fábrica a través de una propiedad colindante.
Dicha intervención se hizo sin presencia de representantes de la firma y en horario no laboral, indicó. Agregó que solicitaron que se tomen nuevas muestras y con participación de responsables de la compañía.