Cargando...
La muerte de peces se puede ver en el cauce a unos 3.000 metros de la Ruta PY01 y a 200 metros del caño de desagüe de efluentes colocado por la curtiembre de la firma Durli Leather SA, ubicada en el Kilómetro 79 de la vía, jurisdicción de la ciudad de Paraguarí.
Ante la sospecha de la contaminación del arroyo, donde según pescadores fue instalado un caño de descarga de efluentes de la citada curtiembre y despide un olor fétido, un grupo de concejales y algunos defensores de la zona de amortiguamiento de los humedales del lago Ypoá acudieron al lugar y confirmaron lo que decía la denuncia.
Asimismo, el ingeniero Valentín García Miró presentó una denuncia ante la fiscalía del Medio Ambiente, a cargo del fiscal Carlos Rojas, sobre supuesto delito contra el medio ambiente, procesamiento ilícito de desechos, que estaría causando el daño a las reservas naturales.
Hasta la fecha, sin embargo, no tiene respuesta alguna del Ministerio Público, e incluso se amplió la denuncia contra la empresa a los efectos de preservar el arroyo y la fauna íctica del lugar, señaló el ingeniero García Miró.
Al respecto, el director de Fiscalización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Julio Marecos, manifestó que ante la queja presentada en la institución, se constituyeron en la firma y constataron algunas deficiencias en el tratamiento de efluentes, pues una de las piletas filtraba sustancias químicas.
Aclaró que dicha empresa está con un sumario abierto y se expone a una multa de entre 3.000 a 20.000 jornales y una sanción de resarcimiento del daño causado en la zona. La causa sigue todavíaen el departamento de Asesoría Jurídica, explicó en funcionario Marecos.
Esa situación generó una manifestación de los pobladores que disgustó a los directivos de la empresa Durli Leather, por lo que esta remitió una nota al intendente local, Luciano Cañete (ANR), en la que argumentan que la actividad industrial de la curtiembre se desarrolla en conformidad a las normas y leyes de la República del Paraguay. “Contamos con todas las documentaciones y autorizaciones respectivas, expedidas por cada institución afectada para fiscalizar y controlar el procesamiento industrial”, explicaron.