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YAGUARÓN (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El exdiputado y exparlasuriano liberal Juan Alberto Denis, María Laura Cañete Ojeda (hija de Adelaida Cañete, dueña de El Farol SA) y Hugo César Centurión Ramos, todos accionistas de Benia Ambiental SA, fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión con varias condiciones. Los directivos están imputados por la supuesta comisión de los hechos punibles de infracción a la Ley N° 716/96 “Delito contra el Medio Ambiente”.
La imputación es por la realización de excavaciones para la construcción de un vertedero de basura en un predio de 250 hectáreas, ubicado en las compañías Nuatî Guazú y Curupayty de esta ciudad.
La obra comenzó sin que Benia Ambiental SA contara con la licencia ambiental que debe ser expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Tampoco tenía aprobado el plano por la Comuna y no tiene permiso de la Municipalidad para la obra.
Un grupo de pobladores que integra la organización “No al vertedero” denunció que la obra se realiza en la zona de los humedales del lago Ypoá y en el área de amortiguamiento del arroyo Caañabé.
El fiscal de Medio Ambiente, Carlos Rojas, solicitó al juez penal de garantías, Blas Cabriza, la aplicación de medidas alternativas a prisión. El magistrado atendió la solicitud y calificó provisionalmente autores de los hechos de “Delito contra el Medio Ambiente” a los tres empresarios imputados.
Entre las disposiciones del juez están la obligación de comparecer ante el Juzgado para firmar el libro de control judicial. También tienen prohibido cambiar de domicilio sin autorización judicial, se les niega salir del país y presentar como caución el inmueble de la empresa ubicada en Yaguarón.