La terminal de CDE mueve 1 millón de dólares al año

La puja judicial por la administración de la terminal de ómnibus de la Municipalidad continúa entre la Comuna e Itá Paraná SA que fue adjudicada durante la gestión del clan ZI. Está en juego un millón de dólares al año, unos G. 6.200 millones. El último fallo favorece a la empresa.

La terminal de ómnibus está desde el año 2013 bajo administración de la empresa Itá Paraná SA.
La terminal de ómnibus está desde el año 2013 bajo administración de la empresa Itá Paraná SA.Archivo, ABC Color

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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La administración de la terminal de ómnibus esteña fue concedida a la empresa Itá Paraná SA, representada por Benigno Villasanti. El contrato firmado durante la gestión de la destituida Sandra McLeod de Zacarías en 2013, por plazo de 10 años, establece que la firma se queda con 80% y la Municipalidad con 20% de lo recaudado en la terminal de ómnibus.

En la dependencia comunal se generan ingresos anuales por 1 millón de dólares (G. 6.200 millones al cambio actual del dólar al guaraní), según los datos.

El intendente Miguel Prieto (Independiente) propuso que toda la recaudación sea destinada al Consejo Local de Salud (CLS) para mejorar la asistencia sanitaria en el Hospital Regional.

El lunes 14 de octubre la jueza en lo laboral Graciela Panza ordenó a la Municipalidad de Ciudad del Este devolver la administración de la terminal de buses a Itá Paraná SA. La magistrada firmó la disposición para el cumplimiento de la sentencia N° 61 del 28 de julio de 2019 rubricada por su colega Nélida Alvarenga y por la cual ordena que la Municipalidad esteña restablezca los derechos de la empresa concesionaria.

La magistrada Panza igualmente dispuso que la actuaria judicial Claudina Fabiola González se constituya en la parada de buses para labrar acta de la entrega a la firma concesionaria. Solo falta fijación de fecha para la intervención judicial.

Prieto anunció que no entregarán “el patrimonio del pueblo” que intenta recuperar desde inicio de su gestión, en mayo de este año. El jefe comunal ganó las elecciones extraordinarias tras la destitución de Sandra McLeod de Zacarías (colorada cartista), esposa del líder del clan ZI que manejó la Municipalidad durante casi dos décadas.

“A defender el patrimonio del pueblo de los mafiosos. ¿Estás conmigo?”, escribió el jefe comunal en la red social Facebook. La reacción de apoyo de sus seguidores fue inmediata.

El lunes, ciudadanos autoconvocados e integrantes de gremios de trabajadores del microcentro ya concurrieron a la terminal para iniciar una vigilia con la intención de impedir la devolución de la gerencia de la terminal. Luego del mediodía se sumaron decenas de funcionarios comunales.

Nulos

La directora jurídica de la Municipalidad esteña, Nidia Silvero de Prieto, cuestionó la resolución de la jueza Panza y resaltó que el contrato de concesión con la empresa Ita Paraná SA perdió sustento legal con la anulación de dos resoluciones por la Junta Municipal el 20 de setiembre último.

Con votos de la nueva mayoría aliada de Miguel Prieto en la Junta Municipal quedó anulada una resolución por la cual se aprueba el llamado a licitación para la concesión de la terminal. También dejaron sin efecto otra resolución que autoriza la firma de un contrato de la comuna con la empresa Itá Paraná SA.

Un engorroso proceso judicial

El 19 de julio pasado, el intendente Miguel Prieto dispuso la recuperación de la administración de la terminal de buses alegando incumplimiento de obligaciones sanitarias por Itá Paraná SA. Paralelamente inició una demanda para la anulación del contrato de concesión, que fue rechazada por la jueza Natalia Moreno Tottil. El fallo fue apelado. Mientras, la firma presentó un amparo, que fue concedido por la jueza Nélida Alvarenga y ordenó a la Comuna la entrega de la administración, decisión que fue desacatada. Se abrió una causa contra el intendente por incumplir una disposición judicial. La Indendencia solicitó al Tribunal de Alzada la anulación de la decisión de Alvarenga, aunque la apelación fue sin efecto suspensivo. Antes de que exista un fallo, la magistrada Graciela Panza, el lunes pasado, resolvió a favor de la firma.

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