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MBUYAPEY, Paraguarí (Carlos Ávalos, corresponsal). Los atacantes ingresaron ayer en horas de la madrugada a la estancia Santa Librada, propiedad de Carlos Faría, ubicada en la compañía Larroza II de este distrito. Tenían armas de fuego y machete en las manos, según la denuncia policial.
Se trataría de supuestos campesinos sintierras, que tomaron como rehenes al sereno del establecimiento, Joaquín Figueredo Caballero (51), y a su hijo de 10 años de edad.
Figueredo tenía como misión custodiar las dos retroexcavadoras, propiedad de la constructora “Somagec Py”. La empresa fue contratada para realizar mejoras viales dentro del establecimiento, de acuerdo al relato del trabajador.
Según el informe policial, el sereno y su hijo menor de edad se encontraban durmiendo dentro de una de las retroexcavadoras cuando, alrededor de las 03:45, fueron sorprendidos por los hombres encapuchados. Los atacantes los obligaron a descender del vehículo y, sin mediar palabras, empezaron a extraer combustible de las máquinas para luego prenderles fuego.
Después, los supuestos campesinos soltaron a los rehenes y se dieron a la fuga dentro del inmenso bosque, dice el reporte policial.
El ganadero y propietario de la estancia, Carlos Farías, expresó que urge la intervención de las instituciones pertinentes porque la zona se volvió muy peligrosa. Dijo que en los últimos meses la comunidad se encuentra amenazada por invasiones y hechos de abigeato, que en la mayoría de los casos tienen como responsables a supuestos campesinos sintierras.
Comentó que en reiteradas ocasiones él fue amenazado de muerte por los “sintierras”, y que para llegar a su estancia él requiere custodia policial. “Esta gente no son campesinos, sino criminales”, sentenció.
Uno de los dirigentes de los autodenominados campesinos sintierras, Óscar Almada, negó que integrantes de su grupo hayan tomado de rehén al sereno y quemado las máquinas. Dijo que ganaderos habrían simulado el hecho para inculparlos y “criminalizar la lucha campesina”.
Almada cuenta con orden de captura y está imputado, junto a otros campesinos, por el fiscal zonal Marcelo García por invasión de propiedad privada.