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La orden del ministro del Interior, Roberto González, de liberar inmediatamente un camión contenedor con un cargamento de discos compactos detenido por una brigada policial debido a que el conductor no portaba el documento de la carga y la resolución dada en el mismo sentido por la fiscala Carmen Gubetich con una sorprendente celeridad constituyen por sí mismas motivo suficiente para sospechar el retorno del nefasto tráfico de influencias y la protección del contrabando desde las altas esferas del Poder Ejecutivo, que entre otros factores han convertido al Paraguay en el país más corrupto de Sudamérica. Precisamente, la solemne promesa realizada por el presidente Nicanor Duarte Frutos, ante propios y extraños, fue la de limpiar el Paraguay de estos delitos que destruyen a la nación.
Pero si a la incoherencia demostrada por las más altas autoridades del Ejecutivo y el Ministerio Público de proteger una posible acción de contrabando se le agregan la inmediata destitución del jefe de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, comisario Silvio Vera, y la sanción a todos los agentes que detuvieron el camión en situación irregular, las sospechas de corrupción y abuso de poder en el nuevo Gobierno tienden a la certidumbre. Una verdadera burla a la población que está expectante de ver el inicio de la lucha contra el contrabando, la piratería, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la corrupción oficial.
El bochornoso hecho no termina ahí. En una rara conferencia de prensa aparecen el propio director de Aduanas, Gustavo Volpe, la fiscala Carmen Gubetich, el comandante de la Policía, Tomás Chamorro, y el ministro Roberto González, no para explicar el error cometido en liberar raudamente un contenedor sospechoso de realizar contrabando y de sancionar injustamente a agentes de policía que cumplían con su deber, sino para tratar en vano de justificar ante la población los desaciertos cometidos. Pareciera risible, pero el ministro del Interior asegura haber destituido al comisario Silvio Vera porque el jefe policial no acató un reciente decreto por el que fueron levantados todos los controles fiscales permanentes en las rutas.
A más de ser el control en las rutas una cuestión absolutamente secundaria, ante el descubrimiento de un posible delito de contrabando el contenedor sospechoso no fue detenido por un grupo de control fiscal permanente, sino por una brigada policial volante en cumplimiento de una orden emanada de la fiscala María del Carmen Meza, quien dirigía la investigación de robos en los alrededores de los puertos de Villeta y San Antonio. El sorprendente argumento del ministro González y el director de Aduanas, Gustavo Volpe, significa que en adelante las mercaderías sospechosas de contrabando podrán transitar libremente por todo el territorio del país y nadie podrá detenerlas por más dudosas que sean para las autoridades.
La destitución del jefe de Investigación de Delitos, comisario Silvio Vera, y el castigo a los agentes de policía que detuvieron el contenedor con carga ilegal, justificada por el propio comandante de la Policía Nacional, Tomás Chamorro, sin mediar sumario ni investigación exhaustiva del hecho, constituye una clara advertencia a toda la fuerza policial en el país de NO INTERFERIR EL CONTRABANDO que puedan realizar personas con influencias en los altos círculos del poder político, de donde evidentemente partió la orden de liberar la carga sospechosa, vicio muy conocido por todo el país. La fiscala Meza, quien ordenó la detención del contenedor, explicó que la mercadería era de un señor José Chaparro, con profusos antecedentes penales y procesos por contrabando, lo que fue también corroborado por la fiscala Basiliza Vázquez, de Ciudad del Este.
Los señores Gustavo Volpe, Tomás Chamorro, Roberto González y la fiscala Carmen Gubetich tienen la obligación de aclarar a la ciudadanía su dudosa actuación, por decir lo menos, en el caso del contenedor en situación irregular, que gran daño ha hecho a la imagen del presidente Nicanor. Peor aun, denuncias que han cobrado también estado público señalan que el citado Chaparro fue un gran contribuyente en la campaña presidencial y que las contribuciones llegaban precisamente a través del jefe de campaña de Nicanor, coincidentemente el actual ministro del Interior, lo que explicaría la celeridad con que se liberó el cargamento sospechoso y se sancionó a los ‘‘culpables’’ de su detención. El Presidente debe aclarar esta grave acusación y poner las cosas en su lugar para evitar un serio deterioro de su figura y de la imagen del país.
En efecto, la percepción internacional de corrupción e inseguridad jurídica en Paraguay habrá empeorado con este bochornoso hecho que habla de complicidad, abuso de poder, contrabando e impunidad, de los que ahora ya no se podrá culpar a la corrupta administración de Luis González Macchi.
Pero si a la incoherencia demostrada por las más altas autoridades del Ejecutivo y el Ministerio Público de proteger una posible acción de contrabando se le agregan la inmediata destitución del jefe de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, comisario Silvio Vera, y la sanción a todos los agentes que detuvieron el camión en situación irregular, las sospechas de corrupción y abuso de poder en el nuevo Gobierno tienden a la certidumbre. Una verdadera burla a la población que está expectante de ver el inicio de la lucha contra el contrabando, la piratería, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la corrupción oficial.
El bochornoso hecho no termina ahí. En una rara conferencia de prensa aparecen el propio director de Aduanas, Gustavo Volpe, la fiscala Carmen Gubetich, el comandante de la Policía, Tomás Chamorro, y el ministro Roberto González, no para explicar el error cometido en liberar raudamente un contenedor sospechoso de realizar contrabando y de sancionar injustamente a agentes de policía que cumplían con su deber, sino para tratar en vano de justificar ante la población los desaciertos cometidos. Pareciera risible, pero el ministro del Interior asegura haber destituido al comisario Silvio Vera porque el jefe policial no acató un reciente decreto por el que fueron levantados todos los controles fiscales permanentes en las rutas.
A más de ser el control en las rutas una cuestión absolutamente secundaria, ante el descubrimiento de un posible delito de contrabando el contenedor sospechoso no fue detenido por un grupo de control fiscal permanente, sino por una brigada policial volante en cumplimiento de una orden emanada de la fiscala María del Carmen Meza, quien dirigía la investigación de robos en los alrededores de los puertos de Villeta y San Antonio. El sorprendente argumento del ministro González y el director de Aduanas, Gustavo Volpe, significa que en adelante las mercaderías sospechosas de contrabando podrán transitar libremente por todo el territorio del país y nadie podrá detenerlas por más dudosas que sean para las autoridades.
La destitución del jefe de Investigación de Delitos, comisario Silvio Vera, y el castigo a los agentes de policía que detuvieron el contenedor con carga ilegal, justificada por el propio comandante de la Policía Nacional, Tomás Chamorro, sin mediar sumario ni investigación exhaustiva del hecho, constituye una clara advertencia a toda la fuerza policial en el país de NO INTERFERIR EL CONTRABANDO que puedan realizar personas con influencias en los altos círculos del poder político, de donde evidentemente partió la orden de liberar la carga sospechosa, vicio muy conocido por todo el país. La fiscala Meza, quien ordenó la detención del contenedor, explicó que la mercadería era de un señor José Chaparro, con profusos antecedentes penales y procesos por contrabando, lo que fue también corroborado por la fiscala Basiliza Vázquez, de Ciudad del Este.
Los señores Gustavo Volpe, Tomás Chamorro, Roberto González y la fiscala Carmen Gubetich tienen la obligación de aclarar a la ciudadanía su dudosa actuación, por decir lo menos, en el caso del contenedor en situación irregular, que gran daño ha hecho a la imagen del presidente Nicanor. Peor aun, denuncias que han cobrado también estado público señalan que el citado Chaparro fue un gran contribuyente en la campaña presidencial y que las contribuciones llegaban precisamente a través del jefe de campaña de Nicanor, coincidentemente el actual ministro del Interior, lo que explicaría la celeridad con que se liberó el cargamento sospechoso y se sancionó a los ‘‘culpables’’ de su detención. El Presidente debe aclarar esta grave acusación y poner las cosas en su lugar para evitar un serio deterioro de su figura y de la imagen del país.
En efecto, la percepción internacional de corrupción e inseguridad jurídica en Paraguay habrá empeorado con este bochornoso hecho que habla de complicidad, abuso de poder, contrabando e impunidad, de los que ahora ya no se podrá culpar a la corrupta administración de Luis González Macchi.