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El vergonzoso incidente registrado con el cónsul de nuestro país en Resistencia (Argentina), Claudelino Navarro Cristaldo –acusado por las autoridades del vecino país de contrabandear 1.116 cajas de cigarrillo en un vehículo particular– constituye no solamente otra lamentable situación que viene a empañar más la imagen del Paraguay, sino la muestra más fehaciente de que los cuadros de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores siguen siendo inficionados por la politiquería criolla de la peor calaña.
Según reportes dados a conocer por los medios de comunicación, el controvertido agente consular está vinculado con el ex candidato a la Intendencia de la localidad de Capiibary Francisco González, uno de los operadores políticos más conocidos en la zona del gobernador del departamento de San Pedro, José “Pakova” Ledesma.
Actuó correctamente la Cancillería al separar del cargo inmediatamente al cuestionado cónsul en Resistencia, cuya responsabilidad deberá ser ahora dirimida en los estrados judiciales argentinos.
No obstante, este hecho demuestra con claridad que continúa vigente la nefasta práctica instaurada durante la dictadura stronista de politizar el servicio exterior de la República, considerándolo un botín de guerra que merece ser repartido entre quienes detentan circunstancialmente el poder.
Desde entonces, y casi sin solución de continuidad, llamativa y sospechosamente, los puestos consulares de las zonas fronterizas han sido los más codiciados por las autoridades nacionales y los líderes partidarios para repartir entre sus aliados, compadres, socios y parientes, sin excepción de colores ni filiaciones partidarias.
Tiene sentido, porque la cercanía geográfica permite frecuentes traslados a nuestro país, los jugosos salarios en dólares que se cobran y la posibilidad de concretar ingentes “negocios” (ya sea contrabando, venta de visas o cualquier otro tipo de irregularidades) convierten a estos consulados en los más apetecibles para los exponentes de una clase política inescrupulosa y angurrienta, que no tiene ningún interés en promocionar la imagen del país ni defender los intereses de los connacionales radicados en el exterior, sino en sacar provecho personal de la “oportunidad”, talvez única, que le brinda la vida.
Esta fue la constante en épocas de la dictadura, siguió vigente durante la etapa de la transición y, evidentemente, continúa siendo la norma aplicada en la actualidad, con el gobierno “del cambio”. Urge, pues, desarticular la grosera influencia de la politiquería en la estructura de la Cancillería Nacional.
Para eso, solo se debe hacer cumplir lo que ya establece el marco jurídico vigente. La Ley 1335, “Del Servicio Diplomático y Consular de la República”, prescribe en su artículo 30 que los miembros del mismo “deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos (las negritas son nuestras). En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen”.
A fin de precautelar la dignidad del Servicio Consular, el artículo 42 de la misma norma fue muy sabio al disponer: “La función consular está reservada a los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular”.
Es menester, por lo tanto, que las altas autoridades del Poder Ejecutivo, y sobre todo la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajen como corresponde para garantizar la profesionalidad, independencia y seriedad del Servicio Diplomático y Consular de la República, así como la honorabilidad de todos y cada uno de aquellos que lo integran.
Quienes desempeñan funciones de representación allende nuestras fronteras deben estar imbuidos de un alto sentido de patriotismo, siendo conscientes en todo momento de que el mundo ve en ellos la imagen de un país entero, y de lo que son el resto de sus conciudadanos.