El director de Informática de la Justicia Electoral, Ricardo Lesme Dalles, fue destituido en fecha 18 de diciembre del 2006 por decisión oficial, con los votos de los ministros Juan Manuel Morales y Rafael Dendia, pero con la opinión en disidencia del ministro Ramírez Zambonini, siendo el hecho precedido por desembozadas reuniones entre el senador Juan Carlos Galaverna y los dos primeros ministros nombrados.
Ahora, en el primer informe elevado a sus autoridades por los directores interinos que han sustituido a Lesme en la Dirección de Informática, se consigna que en dicha repartición todo está en situación normal. Llama la atención este reporte por cuanto la destitución del ex director se había decidido, según declaró Juan Manuel Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por causa de graves irregularidades cometidas por Lesme y por su incapacidad para ejercer el cargo.
A poco más de un mes de aquellas explicaciones, sus sustitutos -dos técnicos, cada uno de ellos respaldado por la ANR y el PLRA, respectivamente- declaran que la Dirección de Informática de la Justicia Electoral se halla en estado completamente regular, cuyas carencias y necesidades son las normales que afectan a todas las oficinas públicas. En resumen, nada hay de qué culparle al director destituido. Es decir, confirman que dicha destitución fue completamente arbitraria.
Todo fue consecuencia de la descarada, prepotente y tortuosa injerencia del senador Galaverna en la Justicia Electoral, reclamando la destitución de Lesme. Aunque posteriormente, cuando el caso ganó estado público y la prensa se ocupó de él debido a su notoria gravedad, el mismo Galaverna fue a pedir a la directiva de su partido que lo respaldara, para lo cual su exigencia personal debía convertirse en una reclamación partidaria para darle carácter institucional y así escaparse del escándalo.
Esta maniobra dio también argumento a los ministros Morales y Dendia para decir que, al destituir a Lesme, ellos no hacían sino cumplir con el pedido del Partido Colorado, como se había hecho en anteriores ocasiones similares con funcionarios liberales. Sin embargo, no dieron a conocer ningún caso en que el PLRA haya solicitado institucionalmente la destitución de ningún director de su sector.
Estas evidencias muestran con la mayor crudeza la audacia e insolencia de estos operadores del oficialismo, en particular las de Galaverna, dispuesto a realizar cualquier intervención, por más sucia que sea y por más perjuicio que pueda causar a la democracia y al futuro del país, toda vez que le proporcione las ventajas que pretende.
Galaverna, Morales y Dendia derribaron de un solo golpe la credibilidad de la institución que norma, vigila y legitima los procesos y resultados electorales en nuestro país, y que está encargada de mantener el equilibrio interpartidario. Es particularmente grave la vergonzosa y pusilánime defección del ministro Rafael Dendia, quien, al pasarse a las filas del oficialismo, convierte a la Justicia Electoral en otro órgano subalterno del grupo wasmo-argañista que actualmente detenta el poder y que muestra abiertamente su determinación de aferrarse a él con uñas y dientes.
Con el pase del ministro Dendia al sector oficialista se cierra el círculo judicial que Duarte Frutos y su equipo de trabajo necesitan para su proyecto de continuidad en el poder. En la Corte Suprema de Justicia disponen de cinco votos atados y bien controlados. Ahora suman para su bando dos de los tres votos posibles en el TSJE, donde, para mayor seguridad, destituyen al director y se apoderan del control de la Dirección de Informática.
En este momento, los partidos minoritarios, los que conforman el tercer espacio político, quedan sin representante ni interlocutor en la Justicia Electoral. Solo esta consecuencia posee mucha más importancia que la destitución de Lesme y otros acontecimientos aisladamente considerados.
La única manera de impedir que este grave daño socave aun más la institución es devolviendo a la Justicia Electoral el equilibrio en su representación tripartita en el TSJE, lo cual implica, forzosa e inevitablemente, asignar en los cargos de los ministros Morales y Dendia, especialmente de este último, a otras personas desvinculadas de Galaverna y de cualquier otro operador del Gobierno, personas que sean capaces de recuperar la confianza del tercer espacio e instalar nuevamente el equilibrio interpartidario perdido en esa institución.
Los dirigentes de partidos opositores y, en particular, sus parlamentarios tienen ahora en sus manos impedir que la Justicia Electoral naufrague en la desconfianza ciudadana, y que personajes como Galaverna sean todavía capaces de envenenar y desacreditar a las personas y a las instituciones que con tanto esfuerzo se mantenían íntegras. Toda la suerte de las futuras elecciones y, con ellas, de la democracia misma está en juego en este conflicto.
Ahora, en el primer informe elevado a sus autoridades por los directores interinos que han sustituido a Lesme en la Dirección de Informática, se consigna que en dicha repartición todo está en situación normal. Llama la atención este reporte por cuanto la destitución del ex director se había decidido, según declaró Juan Manuel Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por causa de graves irregularidades cometidas por Lesme y por su incapacidad para ejercer el cargo.
A poco más de un mes de aquellas explicaciones, sus sustitutos -dos técnicos, cada uno de ellos respaldado por la ANR y el PLRA, respectivamente- declaran que la Dirección de Informática de la Justicia Electoral se halla en estado completamente regular, cuyas carencias y necesidades son las normales que afectan a todas las oficinas públicas. En resumen, nada hay de qué culparle al director destituido. Es decir, confirman que dicha destitución fue completamente arbitraria.
Todo fue consecuencia de la descarada, prepotente y tortuosa injerencia del senador Galaverna en la Justicia Electoral, reclamando la destitución de Lesme. Aunque posteriormente, cuando el caso ganó estado público y la prensa se ocupó de él debido a su notoria gravedad, el mismo Galaverna fue a pedir a la directiva de su partido que lo respaldara, para lo cual su exigencia personal debía convertirse en una reclamación partidaria para darle carácter institucional y así escaparse del escándalo.
Esta maniobra dio también argumento a los ministros Morales y Dendia para decir que, al destituir a Lesme, ellos no hacían sino cumplir con el pedido del Partido Colorado, como se había hecho en anteriores ocasiones similares con funcionarios liberales. Sin embargo, no dieron a conocer ningún caso en que el PLRA haya solicitado institucionalmente la destitución de ningún director de su sector.
Estas evidencias muestran con la mayor crudeza la audacia e insolencia de estos operadores del oficialismo, en particular las de Galaverna, dispuesto a realizar cualquier intervención, por más sucia que sea y por más perjuicio que pueda causar a la democracia y al futuro del país, toda vez que le proporcione las ventajas que pretende.
Galaverna, Morales y Dendia derribaron de un solo golpe la credibilidad de la institución que norma, vigila y legitima los procesos y resultados electorales en nuestro país, y que está encargada de mantener el equilibrio interpartidario. Es particularmente grave la vergonzosa y pusilánime defección del ministro Rafael Dendia, quien, al pasarse a las filas del oficialismo, convierte a la Justicia Electoral en otro órgano subalterno del grupo wasmo-argañista que actualmente detenta el poder y que muestra abiertamente su determinación de aferrarse a él con uñas y dientes.
Con el pase del ministro Dendia al sector oficialista se cierra el círculo judicial que Duarte Frutos y su equipo de trabajo necesitan para su proyecto de continuidad en el poder. En la Corte Suprema de Justicia disponen de cinco votos atados y bien controlados. Ahora suman para su bando dos de los tres votos posibles en el TSJE, donde, para mayor seguridad, destituyen al director y se apoderan del control de la Dirección de Informática.
En este momento, los partidos minoritarios, los que conforman el tercer espacio político, quedan sin representante ni interlocutor en la Justicia Electoral. Solo esta consecuencia posee mucha más importancia que la destitución de Lesme y otros acontecimientos aisladamente considerados.
La única manera de impedir que este grave daño socave aun más la institución es devolviendo a la Justicia Electoral el equilibrio en su representación tripartita en el TSJE, lo cual implica, forzosa e inevitablemente, asignar en los cargos de los ministros Morales y Dendia, especialmente de este último, a otras personas desvinculadas de Galaverna y de cualquier otro operador del Gobierno, personas que sean capaces de recuperar la confianza del tercer espacio e instalar nuevamente el equilibrio interpartidario perdido en esa institución.
Los dirigentes de partidos opositores y, en particular, sus parlamentarios tienen ahora en sus manos impedir que la Justicia Electoral naufrague en la desconfianza ciudadana, y que personajes como Galaverna sean todavía capaces de envenenar y desacreditar a las personas y a las instituciones que con tanto esfuerzo se mantenían íntegras. Toda la suerte de las futuras elecciones y, con ellas, de la democracia misma está en juego en este conflicto.
