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Tras una pausa acordada antes de las últimas elecciones comunales, la Cámara de Diputados reanudó con brío la irresponsable creación de nuevos municipios. En tal sentido, ya aprobó ocho de los doce proyectos de ley presentados a partir de entonces, lo que denota un fervor considerable para satisfacer a los politiqueros que buscan la independencia de las compañías de las que se consideran dueños, sin que ellas reúnan los requisitos exigidos por la ley para ser elevadas de categoría.
En efecto, las demandas no suelen provenir de los pobladores, sino de quienes desean manejar el dinero público en provecho propio y convertirse en intendentes y concejales, lo que les permitirá además crear puestos para sus parientes, amigos y correligionarios. Los royalties y los recursos del Fonacide, aparte del impuesto inmobiliario, despiertan el “patriotismo” local de estos vividores, en tanto que los legisladores, sin distinción de bancadas, se muestran muy solícitos a la hora de acceder a sus reclamos, en contra de lo que dispone la Ley Orgánica Municipal (LOM).
Por supuesto, los legisladores saben que dicha normativa exige el cumplimiento de numerosos requisitos para la creación de un municipio, entre los que cabe mencionar los siguientes: contar con una población mínima de diez mil habitantes, de los cuales al menos el 10% debe firmar una petición; presentar un informe pericial y el plano georreferenciado del futuro municipio, que contenga los rumbos, las distancias y los linderos de cada línea, con sus respectivas coordenadas; no afectar el normal desenvolvimiento de los municipios vecinos, ni dejar al municipio madre sin recurso económico; tener una capacidad económica y financiera suficiente para cargar con los gastos de su gobierno y prestar los servicios públicos esenciales de carácter municipal, así como calles y caminos bien trazados, escuelas, colegios, centro de salud, comisaría policial, oficinas del registro civil y de los entes prestadores de los servicios básicos de agua y electricidad.
Huelga decir que, en la generalidad de los casos, los municipios creados o a crearse no reúnen mínimamente estas exigencias legales. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre la creación del distrito de Pozo Colorado, ya aprobado en general, no ha establecido aún los límites. Pero hay incumplimientos más graves, como los relativos a la infraestructura urbana mínima, a la capacidad económica y financiera y a la previa existencia de oficinas públicas, lo que revela el modo desaprensivo en que los legisladores tratan la cuestión municipal.
Curiosamente, uno de los motivos alegados para constituir un municipio es el de que solo así los vecinos tendrán lo que la LOM establece como un prerrequisito, con lo que ¡se invierte la relación causal prevista en ella! Es como decir: “eleven nuestra compañía a municipio y después vamos a cumplir lo que exige la LOM como condición previa para el efecto”. No les importa a los legisladores incurrir en tamaña aberración legal.
Dado que se trata de normativas de igual rango, no quebrantarían el art. 137 de la Constitución, aunque sí el espíritu de su art. 171, según el cual las categorías y los regímenes de las municipalidades serán establecidos atendiendo las condiciones de población, desarrollo económico, situación geográfica, ecológica, cultural, histórica y otros factores.
De esta forma, se nota que tanto la Constitución como la LOM quieren impedir que proliferen municipios que no puedan atender las necesidades de los vecinos ni ser realmente autárquicos en la recaudación e inversión de sus recursos. Solo las administraciones comunales sólidas podrán cumplir con sus obligaciones, en tanto que las débiles solo beneficiarán a los caudillos locales y a sus allegados.
Por lo demás, en la medida en que se inventen municipios a tontas y a locas, la Justicia Electoral instalará a costa de los contribuyentes nuevas oficinas distritales para alimentar a más operadores políticos, que es lo que en verdad desean los políticos instalados en las Cámaras del Congreso. Puede resultar también muy tentador desmembrar un municipio gobernado por otro partido para crear uno que pueda estar en manos de correligionarios de los patrocinadores del proyecto de ley.
El hecho de que muchas compañías estén situadas a gran distancia de la zona urbana no es razón suficiente para independizarlas. Lo que en tal caso conviene es vigorizar las Juntas Comunales de Vecinos para que en verdad colaboren con la Intendencia Municipal respectiva en el cobro de tributos, en la realización de obras comunitarias y en la prestación de servicios básicos, que son algunas de las funciones que les encarga a dichas Juntas el art. 61 de la LOM. De hecho, la creación de un municipio requiere que esos organismos auxiliares de la Municipalidad estén funcionando en el lugar con regularidad, lo que en la práctica está muy lejos de ocurrir.
También se podrían modificar los límites de un municipio, de tal modo que la compañía alejada se integre a uno más cercano. Asimismo, se podría recurrir a fusionar municipios cuando la cercanía y las vías de comunicación lo permitan, para aumentar la capacidad financiera comunal, reducir los gastos administrativos y abaratar los servicios esenciales.
Lo que en todo caso no tiene sentido alguno es desmembrar un municipio sin que de ello resulte uno que esté en condiciones de atender las necesidades de los vecinos. Si en 1992 existían 207 municipios, hoy ya son 250, diez de los cuales surgieron bajo la LOM vigente. Son más que suficientes, de modo que el Poder Ejecutivo hará bien en ejercer su derecho al veto si el Congreso volviera a crear uno nuevo al margen de lo que exigen la Constitución y la ley vigente en la materia.