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Las elecciones nacionales realizadas ayer dejaron como ganador al candidato de la ANR, Mario Abdo Benítez (46), lo que permitirá al Partido Colorado mantenerse en el poder por segundo periodo consecutivo. “Marito”, como se lo conoce, se graduó como “Licenciado en Marketing” por la Universidad Teikyo Post University, Connecticut, Estados Unidos, y en la vida empresarial se dedica al rubro de importación y distribución de asfalto a través de la empresa “Aldia S.A.”.
Su programa de Gobierno, presentado con el título de “Plan estratégico de desarrollo nacional”, no difiere en mucho de los que presentaron pomposamente sus predecesores pero que, en su mayor parte, quedaron en la nada. Por ejemplo, mientras el actual presidente, Horacio Cartes, prometía que ningún grupo violento, en alusión al EPP, le iba a marcar su agenda, “Marito” asegura, en materia de defensa y seguridad, que ejercerá “un liderazgo político” que le permita llevar “un control detallado de las actividades y los avances de la FTC en el terreno de operaciones”. Anuncia también que impulsará una reforma constitucional y del sistema de Justicia. “Desde el Gobierno lucharemos contra la corrupción en la Justicia disminuyendo la mora judicial reinante. Tolerancia e impunidad cero para los corruptos”, afirma.
Y, por supuesto, no falta la promesa de que implementará políticas de “lucha frontal contra la impunidad”, que nunca faltó en ningún programa de Gobierno pero que hasta ahora brilla por su ausencia.
En materia educativa, promete que la escuela y el aula “volverán a ser el centro de las transformaciones en educación”. Entre otros numerosos ítems, también sostiene que “la educación del nivel medio se convertirá en el puente para el trabajo”. En cuanto a la salud, que también tiene numerosos puntos, admite que “Una revolución en la gestión de salud es imperiosa”, y, en tal sentido, anuncia la creación de “redes integradas e integrales de salud” y el fortalecimiento de los servicios de salud “de segundo, tercer y cuarto nivel para la cobertura universal”.
Sobre la represa binacional (con Brasil) de Itaipú, sostiene en cuanto a la renegociación del Anexo C que debe darse en el 2023: “La libre disponibilidad de la energía; la libre venta a terceros países y el precio justo de la misma serán el mandato que recibirán nuestros negociadores”. En cuanto a Yacyretá (con Argentina), expresa que “Nuestro Gobierno se compromete a revisar el Acta de Entendimiento para lograr mejoras sustanciales cuidando los intereses del Paraguay, respecto a una tarifa adecuada y compensaciones que nos corresponden en tiempo y forma, como asimismo de las futuras inversiones”. En el ámbito de la energía, “Marito” también entiende que “La ANDE debe ser modernizada”.
Citamos apenas algunos pocos puntos de su “Plan estratégico”, varios de ellos de mucho interés, si bien en la mayoría de los casos no detalla cómo llegará al objetivo.
Ahora bien, esta clase de promesas, repetidas en cada elección presidencial, son muy conocidas por la opinión pública. Cuando “Marito” deba empezar a cumplir con lo que prometió como candidato, ahí encontrará el problema. Él ha identificado factores reales y preocupantes en la política del desarrollo nacional: creciente pobreza y desigualdad, que afecta a más de la mitad de la población, galopante inseguridad –ciudadana y jurídica–, falencias en las áreas de salud y educación, entre otros. Pero la peor herencia que recibe el presidente electo es la que le deja su homólogo saliente: la captura del sistema político paraguayo por parte de grupos mafiosos de interés político y económico bien organizados, los que de la mano del presidente de la República, Horacio Cartes, han logrado cooptar al Poder Legislativo y al Judicial, así como a instituciones jurisdiccionales clave de la República, como la Fiscalía General y la Contraloría. Todo, con la finalidad de gobernar el Estado paraguayo como una empresa fraudulenta.
Romper este esquema debe ser, entonces, una tarea prioritaria para tener libertad de acción si quiere concretar sus planes.
Ciertamente, “Marito” ha prometido sanear el corrupto sistema de Justicia prevaleciente en el país. Pero la caridad debe empezar por casa. El corruptor de los demás Poderes e instituciones de la República ha sido el Poder Ejecutivo, vale decir, el presidente Horacio Cartes, quien, aunque perdió ante su rival en las elecciones internas, ha logrado obtener inconstitucionalmente una banca en el Senado, desde donde, si se le permite jurar, sin duda, pretenderá seguir haciendo tráfico ilegal de influencia para avanzar sus espurios intereses políticos y económicos. Por tanto, el combate a la corrupción deberá ser liderado por “Marito” desde el Poder Ejecutivo, con un Gabinete constituido por ciudadanos reconocidamente honestos en su vida privada y pública, y no por esos rufianes políticos serviles que hoy lo rodean y están afilando los dientes para la comilona.
El escepticismo de la opinión pública hacia las promesas de los candidatos tiene como base una larga experiencia de incumplimientos o defecciones por parte de nuestros mandatarios. Recordemos que Juan Carlos Wasmosy, el primer presidente civil en cuatro décadas, resumió su sarta de mentirosas promesas en que haría progresar al Paraguay “cincuenta años en cinco”. Y así le fue al país: convalidó en nombre del Gobierno nacional los abusos financieros brasileños en Itaipú, obligando al Paraguay a seguir pagando su deuda hasta el 2023, habiéndola saldado ya en el 2012, según lo corroboró el estudio financiero del ente binacional realizado por el doctor Jeffrey Sachs. Su sucesor, Raúl Cubas Grau, tempranamente cayó en desgracia política y renunció al cargo tras apenas siete meses de gestión, por lo que no tuvo el tiempo para cumplir lo que prometió hacer. Le sucedió provisionalmente el presidente del Senado, Luis Ángel González Macchi, quien, con el aval de la supuesta “certeza constitucional” de la corrupta Corte Suprema de Justicia, completó inconstitucionalmente el período que le correspondía a aquel. “Yo no prometí nada, por tanto, el pueblo nada puede reclamarme”, se excusó con todo desparpajo. Alegremente, repartió entre los ministros de su “Gobierno de unidad nacional” US$ 400 millones obtenidos de bancos de Taiwán para el desarrollo del país. Fue imputado por una cuenta secreta en un banco suizo, aunque, obviamente, fue absuelto por la corrupta justicia. Le sucedió Nicanor Duarte Frutos, cínico e inescrupuloso. Con su retórica altisonante, prometió el oro y el moro al pueblo paraguayo, pero nada positivo aportó en beneficio del país. Consiguió un pequeño aumento de compensación por energía cedida al Brasil en Itaipú y el rubro de “gastos sociales” del que sacó buen provecho personal, junto con su director general en la entidad, Víctor Bernal. Quedó conocido como el “Mariscal de la Derrota”, porque después de más de 60 años el Partido Colorado perdió el poder de la mano de su candidata, Blanca Ovelar.
A seguir, advino al poder el exobispo Fernando Lugo, quien, como su antecesor en el cargo, no cumplió con la mayoría de las promesas que conformaron su plataforma de Gobierno, defraudando la confianza pública expectante ante el histórico cambio político registrado. Afirmó, por ejemplo, que los indígenas y los niños de la calle iban a constituir su principal preocupación, pero no les prestó ninguna atención. Su único logro positivo para el país fue el acuerdo que firmó con su homólogo brasileño sobre Itaipú, el 25 de julio de 2009. En el final, fue destituido mediante un juicio político por mal desempeño de funciones impulsado por sus aliados políticos –de entonces y de hoy– liberales asociados con los legisladores colorados. Le sucedió su vicepresidente, Federico Franco, quien pasó por el Gobierno sin pena ni gloria, sin haber concretado proyecto alguno.
Llegamos así hasta el actual presidente de la República, Horacio Cartes, quien prometió un “nuevo rumbo” en la conducción política, económica y social del país, con el resultado que tenemos a la vista: aumento de la pobreza y la desigualdad, de la inseguridad, de la deuda pública y de la corrupción; aumento del consumo de los derivados del petróleo y la leña (biomasa), y disminución del consumo de la energía que más tenemos: la electricidad. Pero su más lamentable omisión de compromiso fue su alevosa arremetida contra el orden constitucional de la República con su desatinado proyecto de “rekutu”, tras haber prometido que no lo buscaría. Si a eso agregamos su promesa de que no permitiría que el EPP y otros grupos criminales le marcaran la hoja de ruta a su gobierno, la hipocresía es total.
Desde hace 25 años, la ciudadanía aguarda que por fin un presidente de la República cumpla lo prometido al pueblo. Está por verse si “Marito” va a formar parte de la triste galería de presidentes inútiles que mencionamos o se convertirá en una sorpresa. Para el bien del país, ojalá no sea un mentiroso más.