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Amplia sala con mesa para reuniones, televisor de 48 pulgadas y computadora, biblioteca, muebles para colecciones de zapatos de diferentes colores, chiches distribuidos alrededor de la habitación sobre herrería artística preparada para el efecto, discoteca, filmoteca, baños con calefacción... Cualquiera que lea estos detalles pensará que fueron escritos por un promotor inmobiliario para promocionar el alquiler o la venta de un departamento. Pero no: se trata de la celda que ocupaba el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, un condenado que vivía a cuerpo de rey en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, mientras miles de otros reos se hacinan en pabellones y pasillos, compartiendo suciedad, enfermedades, promiscuidad.
Es otra bofetada que recibe la sociedad, jaqueada por escándalos que involucran a autoridades y delincuentes de toda laya, que hacen ostentación de poder y fortunas malhabidas, frente a una población que sufre toda clase de carencias.
Es destacable, por eso, la inmediata reacción del presidente Horacio Cartes de disponer la remoción de la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo; del director de Institutos Penales, Artemio Vera; y del director de la cárcel de Tacumbú, Luis Barreto. ¿Cómo es que estos funcionarios permitían semejante afrenta?
Aún más, cabe preguntar, ¿cómo el ministro del Interior, Francisco de Vargas, no sabía que Chimenes Pavão continuaba dirigiendo su organización delictiva desde la cárcel? Se trata del mismo narcotraficante que, en su momento, figuraba entre los más buscados y por quien se ofrecía una recompensa de 100.000 dólares a quien proporcionara información valedera para su captura.
Mientras tanto, el citado Chimenes Pavão, quien ya está a punto de cumplir su condena de ocho años, disfrutaba de un pabellón especialmente construido, equipado y amueblado para su bienestar y para el manejo de sus negocios. Vivienda y oficina de lujo, con todo y más de lo necesario, en un ambiente de confort que millones de personas honestas, que laboran duramente todos los días, quisieran disponer en sus viviendas pero no las pueden costear.
Esta situación fue descubierta casi fortuitamente, porque si no se hubiesen revelado algunos planes destinados a crear problemas en el ámbito de las penitenciarías, como fue el caso de la dinamita preparada para que se detonara en el penal de Tacumbú, conspiración en la que supuestamente participaron seis internos y dos guardias y cuyas consecuencias fueron evitadas, no se hubiera llegado al fondo del problema, que constituía precisamente el interno Chimenes Pavão, a quien se sindica como el organizador de esos atentados, que tenían como objetivo final crear condiciones políticas adversas para evitar que se concretara su extradición al Brasil, donde debe purgar una pena de quince años de prisión.
Jarvis Chimenes Pavão disfrutaba de estos lujos y comodidades que no son compatibles con el concepto de penitenciaría y que ninguno de los otros reclusos posee ni debe poseer, porque un recinto como ese es para recluir a individuos que han agraviado a la sociedad, que son peligrosos para las demás personas, cuyas desviaciones de conducta son capaces de producir mucho daño a cualquiera por cualquier motivo o sin ninguno, y que por eso deben estar apartados mientras dure su condena.
En resumen, el pabellón de Chimenes Pavão recuerda mucho a “la Catedral”, del célebre narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, la seudocárcel que él mismo edificó para sí y sus amigos. El poder del dinero aplicado al soborno de autoridades públicas se manifestó con toda su fuerza en el caso colombiano, que deberíamos tomar como referencia para hacer analogías que serán muy útiles a los investigadores de este affaire paraguayo.
Ahora bien, la pregunta capital en esta cuestión es: ¿Cómo consiguió tantas ventajas este interno? Se sabe que puede pagarlas, porque dispone de fortuna. Pero, ¿cómo fue que las autoridades ministeriales y las de la penitenciaría permitieron la construcción del pabellón de lujo, en la que tuvieron que haber participado arquitectos, constructores, electricistas, pintores, herreros, decoradores, servicios de atención y de limpieza, y un gran número de otras personas que tenían que entrar y salir constantemente del lugar para cumplir sus tareas?
Hay una sola respuesta posible y evidente: todas las personas que conocían lo que sucedía allí estaban sobornadas por el brasileño. Desde el más alto funcionario hasta el guardia más modesto tuvieron que recibir algún beneficio para tolerar la situación y mantener el estado de cosas en discreto silencio. Esta explicación es tan elementalmente lógica que ni siquiera vale la pena abundar sobre ella.
De modo que la rápida respuesta del presidente Cartes, al ordenar que se cumpla instantáneamente su orden de traslado del interno Chimenes Pavão a la Agrupación Especializada, quebrando así el estado de cosas reinante en la penitenciaría de Tacumbú y los planes desestabilizadores que se estaban gestando en ella, así como la subsecuente destitución de los funcionarios, constituyeron una actitud oportuna y adecuada a la premura con que la situación reclamaba decisiones enérgicas.
Los ciudadanos y las ciudadanas en general aplauden las medidas ejemplificadoras tomadas por sus autoridades, por lo que esperan que el presidente Cartes tenga idéntica reacción en tantos otros casos similares que se denuncian permanentemente, en los que las autoridades, por inútiles o por coimeras, no cumplen con las obligaciones que les impone la ley.