Más allá de lo que digan las leyes y de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, es obvio que la buena convivencia social depende del comportamiento de la gente. Ese comportamiento debería fundarse en el respeto mutuo, en la convicción de que los derechos de uno terminan justamente allí donde empiezan los del prójimo. La vida en sociedad requiere orden, porque sin él solo regiría la ley del más fuerte. Para que ese orden exista, cada uno debe respetar los derechos de los demás al mismo tiempo de exigir que los suyos sean respetados. Hay que acatar las leyes porque responden a una conveniencia y a una necesidad.

Si esa conveniencia y necesidad no se acepta, surgirá la tentación de violarlas, confiando en que la sanción prevista no sea aplicada. Uno debería comportarse bien, no por temor al castigo, sino porque así lo mandan la moral y el sentido común.

La baja calidad de nuestra vida en sociedad está a la vista. El vecino que hace detonar petardos o escucha música a todo volumen a altas horas de la noche; el frentista que arroja la basura al raudal o la quema; el automovilista que ignora la franja peatonal o estaciona sobre la vereda; el pasajero que ocupa en el ómnibus el asiento reservado a los discapacitados o que por la ventanilla lanza una lata de gaseosa al pavimento, son ejemplos de un comportamiento social deplorable, que viola normativas y, sobre todo, agrede a los demás.

En términos generales, este tipo de lamentables situaciones no se registran en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Japón. Algunos pesimistas consideran que son hábitos imposibles de extrapolar a nuestra realidad, pero ello no es cierto, porque cuando un compatriota visita o se afinca en aquellas regiones, bien que asume a rajatabla las reglas de convivencia propias de esas sociedades, lo cual es una demostración de que cuando se quiere, se puede, y que con un poco de buena voluntad y algo de educación, podemos alcanzar los niveles de respetuosa coexistencia propia de aquellos países.

En la gran mayoría de los casos, si se percibe que otros no cumplen la normativa y no se protesta por ello, es porque los afectados ignoran sus derechos o porque, conociéndolos, no formulan una denuncia ante las autoridades por suponer que no se ocuparán de ella. También ocurre que no se quejan porque temen aparecer como antipáticos: prefieren soportar el abuso del que les roba el sueño. No existe la conciencia generalizada de que las acciones u omisiones de cada uno repercuten positiva o negativamente sobre los demás.

Sin duda, hay quienes creen que alguna infracción a las normas de convivencia social es una minucia, considerando la corrupción voraz o la inseguridad cotidiana existentes, pero deben pensar que con su pasividad están facilitando el accionar de los delincuentes y los irresponsables.

Hace falta educación para precautelar la salud pública, que es responsabilidad de todos y no solo del ministerio del ramo. No debe sorprender que las autoridades sanitarias estén alarmadas ante una inminente epidemia de dengue a causa de la proliferación de criaderos de mosquitos en domicilios de la capital y de los departamentos Central y de Alto Paraná.

Aparte de que se ignoran los efectos perniciosos del agua estancada y de la basura acumulada, hay desidia generalizada, quizás como resultado de la creencia de que si en la casa de al lado no combaten los criaderos, no vale la pena que yo lo haga ya que, de todos modos, me llegarán los mosquitos. Y aquí de nuevo surge la cuestión del respeto al prójimo, porque aunque uno estuviera inmunizado contra el dengue –que no lo está–, igual debería tomar las medidas preventivas para que el otro no lo sufra. El dengue es una epidemia, un mal que se propaga porque los transmisores pasan de una víctima a otra, sin respetar los límites domiciliarios. Eliminando los criaderos de mosquitos, uno se protege a sí mismo y a los demás.

La educación se imparte, en primer lugar, en la familia. Sin embargo, muchos padres no cumplen con su deber porque ignoran reglas básicas que hacen al trato con los demás. Romper el círculo vicioso –los hijos mal educados de hoy serán los padres que mañana no educarán bien a sus hijos– requiere una intensa campaña de concienciación sobre cómo comportarse en sociedad.

La responsabilidad es de todos. La educación, una tarea nacional prioritaria; un desafío que debe ser asumido por el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y el núcleo familiar. Cada uno, desde su ámbito propio de acción, está llamado a contribuir eficaz y decididamente en la importante tarea de construir un país mejor y una convivencia social más armónica, requisitos indispensables para lograr sacar al Paraguay del empantanamiento moral y el subdesarrollo humano en que estamos sumidos desde hace ya demasiado tiempo.