La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha conseguido que el Congreso le otorgara una ampliación presupuestaria de 37.900 millones de guaraníes (US$ 8,6 millones) para lo que resta del ejercicio fiscal del corriente año. Según declaraciones del titular del ente autárquico, ingeniero Víctor Romero, una buena parte de ese dinero (alrededor de G. 1.500 millones) se destinará a bonos alimenticios del personal, en razón de que el contrato colectivo vigente obliga a la institución a cumplir con ese derecho adquirido por sus empleados.
La ANDE no es la única repartición estatal que últimamente se ha sumado a la corrida por aumentos presupuestarios, a los que, con pocas excepciones, los legisladores han dado presto atendimiento, aunque esta vez se vieron obligados a moderar su propio apetito por el dinero público gracias a la presión ejercida por la ciudadanía al destaparse el escandaloso derroche que ellos mismos hacían en el ámbito legislativo. Esta largueza de los senadores y diputados con el dinero aportado por los contribuyentes es un vicio heredado de los tiempos de la dictadura que, un cuarto de siglo después, continúa tan campante de la mano del Ejecutivo y la habitual receptividad de los legisladores oficialistas y de la oposición, a quienes pareciera que para el efecto les une una deplorable solidaridad de motivaciones que trascienden lo meramente político.
Una de las pocas voces que se escucharon en el recinto del Senado en contra del proyecto de ley de referencia fue la de la senadora Blanca Lila Mignarro, del PLRA. Ella sostuvo que no se puede repartir el dinero del pueblo trabajador en bonos alimenticios para los empleados de algunas instituciones públicas por el simple hecho de que lo hayan obtenido legalmente a través de un contrato colectivo de trabajo, mientras otros empleados públicos menos afortunados –o más honestos y respetuosos de la Constitución Nacional– no gozan del mismo privilegio, que de eso se trata, y no propiamente de un derecho legalmente reconocido por ley de la Nación. La senadora enfatizó también, en su exposición de rechazo a la aprobación del referido proyecto de ley, que la innecesaria ampliación presupuestaria va frontalmente en contra de la cacareada política de racionalización del gasto público que pregona el Ejecutivo, pero que en la práctica es el primero en contravenir.
Con haber sido en el pasado la empresa pública más eficiente y mejor administrada de la República, en los últimos tiempos la ANDE se ha convertido en uno de los más ineficientes y corruptos entes descentralizados. Cuando todos esperaban que con el “nuevo rumbo” pregonado por el gobierno del presidente Horacio Cartes ella fuera una de las primeras en revertir su inoperancia institucional, transcurrido un año de gestión mantiene su viejo rumbo de mal servicio, corrupción, populismo y desidia rayana en entreguismo con su rol de contraparte de Eletrobrás en Itaipú y de Ebisa en Yacyretá.
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Eso sí, pareciera más bien que, lamentablemente, en vez de apoyar desde dentro la constitución de un ente regulador que viabilice la transformación estructural que necesita el sector eléctrico nacional para poner a disposición de las industrias interesadas –nacionales y extranjeras– la abundante cantidad de energía eléctrica de que dispone el Estado paraguayo en las usinas binacionales, la ANDE despilfarra sus recursos en obras no prioritarias para el desarrollo industrial del país, como es el caso de la maquinización de la represa Yguazú, cuyo costo final será equivalente al costo de dos líneas de 500 kV desde Itaipú y desde Ayolas hasta Villa Hayes, dado el negociado con que se lleva adelante el mencionado proyecto, destinado a pasar a la historia política del Paraguay como el “elefante blanco” de la era Cartes.
El presupuesto de la ANDE correspondiente al ejercicio fiscal del corriente año asciende a 6.691.100.801.470 guaraníes (poco más de US$ 1.500 millones). Con esta respetable suma de dinero en sus arcas, por ineficiencia de gestión, hasta el pasado mes de julio el ente ha ejecutado (obligado y pagado) apenas el 11 por ciento (US$ 80 millones), cuando en su informe al presidente Cartes su presidente, Víctor Romero, había declarado que este año la institución invertiría US$ 800 millones en infraestructura. En la oportunidad, el ingeniero Romero aseguró que hasta julio del corriente año ya se licitaron obras por US$ 200 millones, monto que hasta fin de año ascendería a US$ 600 millones, a lo cual se sumarían US$ 200 millones más para la línea de 500 kV Ayolas-Villa Hayes.
Si señalamos las falencias de gestión de la ANDE, es con el propósito de recordar a los legisladores que, como representantes del pueblo contribuyente, deben tener mayor sentido de responsabilidad a la hora de atender los pillajes de los administradores de las reparticiones públicas que indebidamente golpean las puertas del Congreso implorando ampliaciones presupuestarias, cuando ni siquiera son capaces de ejecutar mínimamente el presupuesto anual que se les entregó. ¿Qué hicieron con la partida presupuestaria destinada a los bonos alimenticios durante el corriente año fiscal? ¿O es que la van a doblar, o triplicar, como algunas otras instituciones públicas?
Los políticos en función de gobierno no tienen ningún derecho de repartirse alegre e irresponsablemente el dinero del pueblo como lo vienen haciendo hasta ahora con total irresponsabilidad, aunque sin duda, con interés. Este nuevo atropello al bolsillo del pueblo trabajador debe ser tenido en cuenta por los ciudadanos y ciudadanas cuando en las próximas elecciones estos mismos congresistas les pidan su voto. Nunca más se les debe votar.