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La declaración del ministro de Hacienda, Dionisio Borda, de que el Gobierno tiene un plan de reforma del Estado que incluye, entre otros, la apertura de algunas empresas públicas al capital privado está muy lejos de satisfacer los reclamos de la población de que el sector público debe previamente realizar duros ajustes y racionalizar sus gastos si pretende, a su vez, imponer a los contribuyentes grandes sacrificios, aumentando los impuestos a través del proyecto de adecuación fiscal o "impuestazo". La eliminación del déficit fiscal (mayores gastos que ingresos) que el Gobierno ha acordado con el FMI debe efectuarse no solamente aumentando la recaudación de impuestos, sino principalmente reduciendo los gastos del sector público, en especial las pérdidas de las corruptas e ineficientes empresas estatales monopólicas.
La población está harta de asumir cada año las grandiosas deudas de las empresas estatales, producto del despilfarro, el favoritismo y la corrupción, así como el lujo y derroche en la administración pública que gasta más de 12.000 millones de guaraníes por día en actividades muchas veces superfluas o contrarias al interés general. Y, lo peor, en lugar de asignar los escasos recursos del Presupuesto -recursos aportados con gran esfuerzo y privaciones por una población empobrecida- a la salud, la educación y la seguridad pública, el Gobierno los malgasta innecesariamente en pagar las deudas y pérdidas de las empresas estatales, al solo efecto de preservar su clientela política así como las fuentes inagotables del enriquecimiento ilícito de los grupos de poder.
A modo de ejemplo, la petrolera estatal Petropar ha ocasionado al país en los últimos tiempos pérdidas de más de 600 mil millones de guaraníes, monto suficiente para solucionar el problema de la salud pública que afecta a los sectores más desprotegidos de la población. No obstante, pese a que cada mes Petropar continúa dilapidando más de 6.000 millones de guaraníes, el Gobierno proyecta realizar millonarias nuevas compras de combustible y se niega obcecadamente a privatizar la empresa, o siquiera eliminar su monopolio en el gasoíl. ¿Qué espera el Gobierno para terminar el monopolio de Petropar y abrir el mercado a la competencia, para posteriormente decidir sobre la reestructuración de la empresa estatal?
La misma situación se verifica en la corporación sanitaria Essap, que ante su total incapacidad de cumplir con sus compromisos financieros trasladó al Gobierno toda su enorme deuda vencida, además de someter a los usuarios a un pésimo servicio y escasa cobertura, que llega a un poco más de un tercio de la población. Como si todo fuera poco, la entidad estatal derrocha todos los días en cañería rota más del 40% del agua tratada, ante el desinterés de sus funcionarios. Para evitar la reforma y privatización del monopolio estatal, el Gobierno dispuso simplemente trasladar la deuda de Essap sobre las espaldas de la población, sin importar en lo más mínimo que dos de cada tres contribuyentes no cuentan con agua corriente. ¿A qué criterios de racionabilidad económica y justicia social responden estas políticas?
En el sector de las telecomunicaciones, la situación es francamente grotesca. A causa de la negativa de los gobiernos a privatizar la estatal Copaco (ex Antelco) y abrir el sector, la telefonía fija a cargo del Estado ha sido superada en una relación de seis a uno por la telefonía móvil. Desde hace años la telefónica estatal mantiene unas vetustas 320.000 líneas fijas, en tanto que cuatro empresas privadas de telefonía móvil -celulares- han satisfecho la demanda de la población con 1.796.000 líneas. La explosión de telefonía móvil se ha dado exclusivamente gracias a la desmonopolización del sector. Las empresas de celulares no solamente realizaron enormes inversiones y crearon numerosas fuentes de trabajo, sino han permitido a los sectores populares acceder a la comunicación y han hecho posible satisfacer los requerimientos de la producción y suplir las extremas deficiencias de la estatal Copaco. ¿Qué espera el Gobierno para terminar con el monopolio en la telefonía fija y abrir el sector a la competencia?
El Gobierno, a diferencia de lo que creen los políticos, no puede crear riqueza. La riqueza y los empleos los crean la sociedad en el sector privado. El trabajo, el ahorro, la inversión, la perseverancia de millones de personas originan el bienestar de los pueblos, no los gastos públicos que deben siempre restringirse al mínimo indispensable para el cumplimiento de las importantes funciones del Gobierno en la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Desviar de estas funciones los escasos recursos del erario para solventar las pérdidas, el prebendarismo y la corrupción en las empresas estatales constituye no solamente malversación de fondos, sino un robo a las esperanzas de empleo y prosperidad de la población.
La población está harta de asumir cada año las grandiosas deudas de las empresas estatales, producto del despilfarro, el favoritismo y la corrupción, así como el lujo y derroche en la administración pública que gasta más de 12.000 millones de guaraníes por día en actividades muchas veces superfluas o contrarias al interés general. Y, lo peor, en lugar de asignar los escasos recursos del Presupuesto -recursos aportados con gran esfuerzo y privaciones por una población empobrecida- a la salud, la educación y la seguridad pública, el Gobierno los malgasta innecesariamente en pagar las deudas y pérdidas de las empresas estatales, al solo efecto de preservar su clientela política así como las fuentes inagotables del enriquecimiento ilícito de los grupos de poder.
A modo de ejemplo, la petrolera estatal Petropar ha ocasionado al país en los últimos tiempos pérdidas de más de 600 mil millones de guaraníes, monto suficiente para solucionar el problema de la salud pública que afecta a los sectores más desprotegidos de la población. No obstante, pese a que cada mes Petropar continúa dilapidando más de 6.000 millones de guaraníes, el Gobierno proyecta realizar millonarias nuevas compras de combustible y se niega obcecadamente a privatizar la empresa, o siquiera eliminar su monopolio en el gasoíl. ¿Qué espera el Gobierno para terminar el monopolio de Petropar y abrir el mercado a la competencia, para posteriormente decidir sobre la reestructuración de la empresa estatal?
La misma situación se verifica en la corporación sanitaria Essap, que ante su total incapacidad de cumplir con sus compromisos financieros trasladó al Gobierno toda su enorme deuda vencida, además de someter a los usuarios a un pésimo servicio y escasa cobertura, que llega a un poco más de un tercio de la población. Como si todo fuera poco, la entidad estatal derrocha todos los días en cañería rota más del 40% del agua tratada, ante el desinterés de sus funcionarios. Para evitar la reforma y privatización del monopolio estatal, el Gobierno dispuso simplemente trasladar la deuda de Essap sobre las espaldas de la población, sin importar en lo más mínimo que dos de cada tres contribuyentes no cuentan con agua corriente. ¿A qué criterios de racionabilidad económica y justicia social responden estas políticas?
En el sector de las telecomunicaciones, la situación es francamente grotesca. A causa de la negativa de los gobiernos a privatizar la estatal Copaco (ex Antelco) y abrir el sector, la telefonía fija a cargo del Estado ha sido superada en una relación de seis a uno por la telefonía móvil. Desde hace años la telefónica estatal mantiene unas vetustas 320.000 líneas fijas, en tanto que cuatro empresas privadas de telefonía móvil -celulares- han satisfecho la demanda de la población con 1.796.000 líneas. La explosión de telefonía móvil se ha dado exclusivamente gracias a la desmonopolización del sector. Las empresas de celulares no solamente realizaron enormes inversiones y crearon numerosas fuentes de trabajo, sino han permitido a los sectores populares acceder a la comunicación y han hecho posible satisfacer los requerimientos de la producción y suplir las extremas deficiencias de la estatal Copaco. ¿Qué espera el Gobierno para terminar con el monopolio en la telefonía fija y abrir el sector a la competencia?
El Gobierno, a diferencia de lo que creen los políticos, no puede crear riqueza. La riqueza y los empleos los crean la sociedad en el sector privado. El trabajo, el ahorro, la inversión, la perseverancia de millones de personas originan el bienestar de los pueblos, no los gastos públicos que deben siempre restringirse al mínimo indispensable para el cumplimiento de las importantes funciones del Gobierno en la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Desviar de estas funciones los escasos recursos del erario para solventar las pérdidas, el prebendarismo y la corrupción en las empresas estatales constituye no solamente malversación de fondos, sino un robo a las esperanzas de empleo y prosperidad de la población.