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El senador Rodolfo Friedmann (ANR) presentó un plausible proyecto de ley para que los legisladores puedan jubilarse a los 60 años de edad, al cabo de 30 años de aporte a la Caja Parlamentaria, que ya no será injustamente cofinanciada en un 7% por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Según la generosa ley en vigor, hoy pueden acogerse a la jubilación con 55 años de edad, habiendo cotizado apenas durante 10 años a dicha Caja. Este es el privilegiado régimen que fue defendido por el diputado Carlos Portillo (PLRA) con el contundente argumento de que “jamás se puede comparar la situación de un parlamentario con la de una persona común”.
Aunque lo antedicho haya despertado la indignación ciudadana, es innegable que entre uno y otro hay notorias diferencias. Entre otras cosas, una “persona común” no gana 32 millones de guaraníes mensuales, ni tiene un seguro privado, ni dispone de cupos de combustible, ni goza de fueros, ni instala a sus parientes, amigos y correligionarios en el presupuesto, ni vacaciona más de dos meses sin trabajar ocho horas diarias, ni realiza viajes turísticos pagados por los contribuyentes, ni tiene un puesto asegurado durante cinco años.
Resulta, pues, coherente que los legisladores también se hayan autoasignado ciertas ventajas a la hora de obtener una pensión, pero ello no implica que sean aceptables. Para lograr la suya, un asegurado del IPS debe tener al menos 60 años de edad y haber cotizado durante 25, sin que el Estado, por cierto, ponga un centavo. Más allá de que el sistema jubilatorio de los dichosos parlamentarios sea o no sustentable desde el punto de vista financiero, resulta claro que no condice con el principio de igualdad que debería inspirarles a la hora de sancionar una ley. Al aprobar la normativa en vigencia, lo hicieron en causa propia, pensando en sí mismos antes que en sus conciudadanos que, por lo general, no pueden ejercer dos o más labores como ellos. En efecto, nada impide que un diputado o senador se dedique al mismo tiempo a su profesión, ya que ni la Constitución ni las leyes exigen que se ocupe exclusivamente del cargo electivo. Como su tarea legislativa dista de ser agotadora, bien pueden ocuparse de enseñar o de realizar una actividad económica lícita. Y, sin embargo, se autorregalaron una jubilación en condiciones escandalosamente más ventajosas que las establecidas para una “persona común”.
La expoliación a los “comunes”, ya comentada, no termina allí, pues, aparte de que ya les sacan mucho dinero mientras ocupan una banca, también recurren a ellos para sostener su Caja, es decir, para que los sigan alimentando por el resto de sus vidas. Esta intolerable desfachatez debe ser corregida, tal como lo propuso el senador Friedmann, cuyo proyecto no recibió apoyo para su rápido tratamiento y fue derivado a las comisiones asesoras competentes, que se tomarán su tiempo antes de emitir sus respectivos dictámenes. Quizá esperen que se aquieten las aguas agitadas por el proyecto, ya convertido en ley, de jubilación especial para los médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Aquí se ha vuelto a evidenciar la ligereza con que los legisladores tratan asuntos que afectan al dinero público. En efecto, rechazaron –casi por unanimidad– el veto parcial que le opuso el Poder Ejecutivo, que alegó que el régimen establecido será insostenible por falta de financiamiento, además de crear desigualdades, agravar el déficit de la Caja Fiscal y acabar afectando a los contribuyentes.
Los sólidos argumentos del Ministerio de Hacienda, basados en datos ciertos, fueron lisa y llanamente ignorados por unos legisladores irresponsables que, una vez más, prefirieron satisfacer las demandas de un grupo de presión antes que el interés general. Y lo hicieron con prontitud, tanto que los senadores trataron la cuestión sobre tablas, al día siguiente de que los diputados rechazaran la objeción parcial. Entrará así en vigencia una ley que nos perjudicará a todos porque no responde a la racionalidad financiera, sino al afán de atender el reclamo de unos profesionales que, para obtener una jubilación privilegiada, salieron a las calles e hicieron huelga de brazos caídos. Es obvio que la enorme mayoría de la población, que terminará pagando los platos rotos, no pudo hacer lo mismo ni dispuso de cabilderos que influyan en los diputados y senadores para convencerlos de que es injusto beneficiar a algunos a costa de todos. Al Poder Ejecutivo no le sirvió de nada contar con técnicos bien informados en la materia, ya que fueron olímpicamente desoídos por quienes suelen tener como “asesores” presupuestados a sus parientes u operadores políticos.
Resolvieron así, por ejemplo, que un médico pueda jubilarse a los 55 años, con el 90% del promedio de los salarios de los últimos 36 meses, tras haber aportado solo durante 25 años, en tanto que un asegurado del IPS debe aportar durante 30 años para recibir a esa edad una jubilación del 80%. Más aún, se crea para los médicos una media jubilación con solo 12,5 años de aportes, sin fijarse una edad mínima. En este contexto, el Poder Ejecutivo subraya la crítica situación de la Caja Fiscal, que desde hace cinco años arrastra un déficit de nada menos que 813 millones de dólares, el mayor del Presupuesto nacional. Según el viceministro de Economía, Humberto Colmán, la ejecución de la nueva ley agravará el déficit hasta el punto de que se tenga que volver a echar mano al bolsillo de los contribuyentes para que los médicos jubilados puedan seguir cobrando un promedio de 9,5 millones de guaraníes, muy superior al de los docentes universitarios, los magistrados judiciales, los militares, los policías y los funcionarios. Los paraguayos, en general, terminarán financiando la desigualdad, porque los aportes no guardarán relación con los beneficios concedidos. Para peor, otros grupos profesionales reclamarán el mismo trato.
Hace un par de meses, el ministro de Hacienda, Benigno López, comparó con una “bomba termonuclear” la equiparación de los haberes de los funcionarios jubilados con los sueldos de los activos. La dadivosa pensión otorgada a los médicos contribuirá a un estallido que será letal para el Estado, es decir, para todos los contribuyentes. Ella demuestra, de paso, la debilidad del liderazgo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ignorado en esta cuestión de interés general, incluso por los legisladores colorados “añetete”. Quienes rechazaron su veto parcial seguro que van a hacer lo mismo con el proyecto de ley del senador Friedmann, que les afecta personalmente. Total, como siempre, el dinero no saldrá de sus billeteras. Para eso está Juan Pueblo.
