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Respecto al editorial del 28 de agosto titulado “La SET persigue a los ‘pichirulos’, elude a los manguruyuses”, la viceministra Marta González Ayala, en una carta a nuestro director, afirmó que uno de los mayores logros de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que dirige, es “el establecimiento de mecanismos incuestionablemente objetivos para seleccionar los segmentos y los contribuyentes que serán controlados”.
Nuestro editorial había sostenido que la administración tributaria no se ocupa de que todos los sujetos obligados paguen el impuesto correspondiente, siendo muy permisiva con los poderosos y muy estricta con los débiles. En otros términos, está bien que sus agentes hagan “visitas persuasivas” a los pequeños contribuyentes, pero mal que cierren los ojos ante los grandes evasores que defraudan al fisco a la luz pública, como nadie que haya visitado alguna ciudad fronteriza puede ignorar. Si resulta imposible controlar a todos y hay que establecer prioridades, lo razonable es perseguir primero a los grandes evasores, pues son los principales responsables de que la economía informal equivalga al 44% del producto interno bruto. De acuerdo al Informe de Gestión 2013-2017, que nos hizo llegar la mencionada funcionaria, fueron detectados seis casos de “megaevasión”, una cantidad exigua a la luz de la dimensión que ha cobrado el problema, reiteradamente señalada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por cierto, a la ciudadanía le gustaría conocer los nombres de las firmas y de los dueños involucrados, así como el monto del dinero hasta hoy recuperado por la SET. Hace poco más de un año, el entonces ministro de Hacienda y hoy precandidato presidencial, Santiago Peña, dijo en un seminario internacional que se necesita “incorporar tecnología de punta para sostener el combate a la evasión tributaria”. Sin duda, conviene que la SET esté bien equipada y que, entre otras cosas, pueda realizar un cruzamiento de datos con la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección del Registro de Automotores, para verificar la veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas, pues hasta ahora no está en condiciones de conocer el valor real de las rentas y de los bienes de los no asalariados que deben pagar el impuesto a la renta personal (IRP), cuya recaudación llega hoy apenas a 24 millones de dólares anuales, es decir, al 1,4% de lo que la SET percibe.
Resulta claro que los datos pueden ser adulterados en el sistema informático, maniobra que permitía, por ejemplo, al senador Óscar González Daher pagar a la Municipalidad de Luque sumas irrisorias en concepto de impuesto inmobiliario, según se denunció en 2010. Se trata del mismo político, por así llamarlo, a quien el precandidato presidencial “cartista” elogió hace poco más de un mes porque “ha llegado a ganar elecciones sin ayuda por más de treinta años”. No sería raro, por cierto, que también haya recibido alguna ayuda de la SET para no abonar lo que le debe al fisco, lo mismo que Víctor Bogado y Javier Zacarías Irún, para citar a solo dos de los tantos “manguruyuses” que también han ganado elecciones.
En la ocasión antes mencionada, el exministro Peña admitió que pagar impuestos es un “problema” debido a la “baja cultura tributaria”. Es cierto que muchos compatriotas carecen de dicha cultura y que no tienen ganas de pagar, más aún considerando la corrupción descomunal, la pésima calidad de los servicios públicos y el hecho de que el vecino eluda al fisco por estar ligado al poder político. Pero también es verdad que los grandes evasores no delinquen por falta de “cultura tributaria”, sino simplemente por deshonestidad y por protección política de algún jerarca o al soborno a algún alto funcionario, inclusive tal vez dentro de la propia SET.
Es así, entonces, que la cuestión no depende tanto de los recursos tecnológicos de los que disponga la administración tributaria ni de la buena costumbre de cumplir con el fisco, como de la voluntad “política” de la SET de aplicar o no la ley a todos por igual. La viceministra González Ayala no podrá negar que la SET, como las demás entidades públicas, está expuesta al tráfico de influencias y a la corrupción. “La enorme resistencia que oponen las roscas mafiosas”, como se lee en su carta, es favorecida considerablemente por sus cómplices empotrados en el aparato estatal, como no debería ignorarlo. Si los narcotraficantes, al decir del diputado Hugo Velázquez (ANR), están instalados en los tres poderes del Estado, no sería raro que estén en compañía de los grandes evasores o de sus socios.
Ninguna estrategia para combatir la evasión fiscal será exitosa en tanto en cuanto esos facinerosos sigan allí, en las cercanías del poder político o administrativo. Se podrá incorporar tecnología, concienciar a los ciudadanos o rediseñar la SET, gracias a una nueva misión del BID o del FMI, pero nada de eso afectará a los “manguruyuses”, que seguirán de lo más campantes mientras los funcionarios de la SET –inclusive la propia viceministra– eviten enfrentar a sus padrinos, para no perder el puesto. En un país de apenas siete millones de habitantes, poco cuesta identificar a los delincuentes de guante blanco, que no son precisamente los pequeños comerciantes.
El Fisco obtendrá importantes ingresos adicionales si tiene coraje para investigar y enviar a la cárcel a los grandes evasores. Eso es lo que la señora viceministra debe demostrar.